El Instituto Nacional Electoral presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la reforma de ampliación del mandato del gobierno del estado de Baja California.
La autoridad electoral publicó un comunicado en el que destacó que el recurso que presentó pretende que la SCJN anule el Decreto número 351 aprobado por el Congreso local, mediante el que se modifica el periodo de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años.
El INE argumentó ante la Suprema Corte que la modificación, contraviene la Constitución Federal, pues pretende que se dé efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.
A penas el pasado 24 de octubre, el mismo instituto interpuso una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno en la entidad.
“Ley Bonilla” pone en riesgo certeza jurídica del artículo 41 constitucional, advierte
En el comunicado, el INE destaca que el recurso ante la SCJN, tiene por objeto el de mantener un Estado democrático, como rector de los procesos electorales a nivel nacional, además de insistir en que su función es la de brindar garantías del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo.
La acción de inconstitucionalidad refiere que la reforma para ampliar el periodo de gobierno, bautizada como “Ley Bonilla”, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, pues cambia las reglas sobre las cuales la ciudadanía participaron en los comicios del pasado 2 de junio.
De esa manera, acusa que el decreto del Congreso local, pretende desconocer la reglamentación del proceso, además de que lesiona los principios fundamentales de la democracia, cuyos preceptos se han venido construyendo en nuestro país”.
Finalmente, el organismo afirma que, en adelante, continuará llevando a cabo acciones jurídicas a su alcance para defender los principios de la democracia y dotar de certeza jurídica a la ciudadanía de Baja California y todo el país.
Fotografía: Facebook/ Jaime Bonilla Valdez.
