El senador Samuel García compareció en la Fiscalía Anticorrupción Federal donde amplió la denuncia en contra del gobernador Jaime Rodríguez y aportó nuevas pruebas. El legislador federal dijo que se configuran nuevos delitos con un daño patrimonial que rebasan ya los mil millones de pesos.

El emecista dijo que se incluyen delitos como desvío de recursos humanos, empresas fantasmas y lavado de dinero, entre otros: “Y ahora acompañamos otros nueve, que hemos encontrado en estos 15 días y yo creo que ya son suficientes para que este hombre termine en la cárcel”.

Dijo que Las pruebas serán presentadas también este jueves en la UIF (Unidad de Investigación Financiera), Fepade y la Procuraduría Fiscal, y el viernes ante las Fiscalías de Anticorrupción y la Electoral de Nuevo León.

Samuel afirmó que el monto total de las denuncias que ha presentado por el desvío de recursos por parte de Jaime Rodríguez Calderón y su gobierno, ronda los mil millones de pesos, incluyendo los casos del dron, el “Cobijagate”, el Palacio Rosa; más las irregularidades de la campaña de 2018, que son el grueso de las anomalías: “Yo creo que ya andarían en los mil millones, y es lo que conocemos, falta luego ver todo lo que hay en las tripas de gobierno que no han sido públicos”.

Aseguró que por lo menos ya hay 20 o 25 delitos ya denunciados, ya en carpeta, que cualquiera que pegue es motivo para desaforar a Jaime y llevarlo a la justicia. Entre las pruebas que el senador presentó este miércoles destacó una por lavado de dinero: “Se trata de dos factureras: Dyjomas, S.A. de C.V., y Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V., cuya responsable es Tania Garza González, ambas enlistadas como empresas fantasma en el 69B del Código Fiscal, que facturaron al Gobierno del Estado 25 millones de pesos, que dispersaron a 111 personas que depositaron esa cantidad a la asociación Nueva Independencia, usada por el Bronco para los apoyos ciudadanos en su campaña a la Presidencia”.

Dijo que el uso de mil 35 tarjetas Oxxo Saldazo, pagadas por tres empresas Pisera Construcciones, S.A., Grupo Comercial Gutren, S.A. de C.V. y Attar 2715, S.C, fue con el mismo modus operandi: facturando al estado y dispersando 2 millones en las cuentas Saldazo.

El legislador acusó también la utilización de granjas de bots, con las cuales el gobernador reunió más de 5 mil firmas falsas; además, incluyó el dictamen consolidado de gastos, que representan la violación sistemática y continua de la fiscalización en su campaña.

También se presentó la cuenta pública del Estado de Nuevo León, donde se determina el daño al erario de 6 millones de pesos por el programa social Aliados, el cual pasó de 85 mil diagnósticos a 5, y luego, durante el tiempo de la campaña, resultó en ceros. Con esto el Auditor presume el uso electoral del programa social.

Y el desvío por peculado por 4 millones de pesos de recursos federales, destinados a programas educativos y construcción de escuelas, los cuales se utilizaron en la campaña presidencial; el uso del Fondo Aportaciones Múltiples, del cual se desviaron 689 millones pesos, el 75 por ciento; y un programa de cultura que suma 7 millones de pesos desviados.

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