Dos excolaboradores de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social, así como un exfuncionario universitario, fueron vinculados a proceso por orden de un juez.

Ellos son Martha Lidia Montoya Santos, quien fue directora de Recursos Financieros y José Israel Torres Gutiérrez, exdirector general de Desarrollo Comunitario, en la mencionada dependencia.

A ellos, al igual que a José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas se les acusa de realizar contratos presuntamente de manera ilegal, publica Reforma.

Nuevo expediente de la ‘estafa maestra’

En un nuevo expediente de la llamada “estafa maestra”, se constató que los contratos de manera ilegal de monitoreo y mejora de los comedores comunitarios de zonas marginadas del Estado de México fueron por una suma de 400 millones de pesos.

Abel Barajas señala en su nota que la juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel Ancheyta, consideró que hay datos mínimos suficientes para procesar por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades a los exfuncionarios.

Fue la noche de este lunes, 12 de noviembre, cuando se les vinculó a proceso en una audiencia de más de 14 horas.

La juez determinó dar un plazo de 4 meses para la investigación complementaria, el cual vence el próximo 12 de marzo.

Medidas cautelares

De acuerdo con Reforma, los procesados tienen las siguientes medidas cautelares impuestas por la juez:

  • Presentación quincenal ante la autoridad.
  • Restricción para salir del país.
  • Pago de una garantía de 70 mil pesos a cada uno.

El contrato sospechoso se suscribió el 3 de abril de 2015 entre la Sedesol y la UPCH para la supervisión, monitoreo y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, en el proyecto Cruzada Nacional contra el Hambre.

De ese documento se derivaron dos contratos específicos, que tienen como fecha el 14 de abril y 6 de mayo del mismo año, por los cuales, la Sedesol depositó 200 millones de pesos, por cada uno de ellos, el 29 de octubre siguiente.

Sedesol no verificó que la UPCH tuviera la capacidad

Para la Fiscalía General de la República lo indebido estuvo en que la Sedesol no verificó que la UPCH tuviera la capacidad técnica, material, así como humana para que cumpliera con este contrato, el cual se adjudicó sin licitación de por medio.

Además, la dependencia señala que más de los 49 por ciento de los servicios fueron subcontratados por la UPCH, es decir m278 millones 400 mil pesos, lo que constituye un 69.6 por ciento de los 400 millones de pesos que le entregó la Sedesol.

Señaló que la contratación mediante adjudicación directa, sin un estudio de mercado, privó al Estado mexicano de tener acceso a mejores precios, calidad y financiamiento, según la FGR.

Fotografía: archivo/ Cuartoscuro

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