En relación con las firmas recolectadas para la candidatura presidencial del Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, señaló que el delito que persiguen es el de peculado y de comprobarse las sanciones serían de índole penal.

Al comparecer ante los legisladores del Congreso local, el funcionario estatal aseguró que 500 personas han declarado. Indicó que restan 72 servidores públicos que no han ido y que están batallando mucho para localizarlos.

“Ustedes aquí van a ver una cuestión que es una sanción diferente, y que pudiéramos llegar a unas conclusiones diferentes: ustedes con sanciones administrativas y uno a lo mejor con sanciones penales, en caso de que así proceda, pero definitivamente, aunque suene a que es lo mismo son cuestiones completamente diferentes”.

“Yo estoy analizando el delito de peculado, el desvío de funcionarios públicos o de recursos materiales para llegar a esas consecuencias, entonces, concretamente, lo que yo estoy viendo es el delito”.

Dijo que las acciones van tan avanzadas que cuentan ya con oficios girados a la Fepade como a las compañías telefónicas para confirmar si los aparatos telefónicos que se usaron para la recolección de firmas eran propiedad de los servidores públicos.

En cuanto al asunto de María Teresa Martínez Galván, suegra del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Fiscal reveló que la Contraloría del Estado le envió la información que solicitaron sobre ese caso, aunque, reconoció, que aún sin esa información ya contaba con elementos suficientes para resolver el caso.

“Creo yo tener elementos suficientes para poder resolver, pero queremos agotar hasta las últimas consecuencias. Yo creo que en el transcurso de este año debe estar resuelta en un sentido esa carpeta”.

En cuanto al operativo denominado “Tornado” dijo que las carpetas siguen activas pues están buscando algún delito que se les pueda asentar a los culpables.

Detalló que por el momento no cuentan con elementos o indicios para poder abrir una investigación por negligencia al exsubprocurador, Ernesto Canales.

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