La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación contra las autoridades de la Ciudad de México por negligencia, falta de supervisión, acciones y omisiones relacionadas con la seguridad estructural que provocaron el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que provocó la muerte de 26 personas.

De acuerdo con la Comisión, las omisiones del gobierno de la CDMX y la Secretaría de Educación Pública tuvieron como consecuencias la violación a los derechos humanos a la vida, integridad, legalidad y seguridad de las personas.

Como resultados de la investigación realizada por la CNDH, también se determinó violaciones al interés superior de la niñez en agravio de alumnado que se encontraban en ese lugar y familiares de las víctimas, por irregularidades en las autorizaciones para funcionar como escuela, así como por las acciones y omisiones consistentes en la falta de coordinación para las labores de búsqueda y rescate.

“Esta Comisión Nacional identificó diversos indicios que deberán ser investigados como actos de corrupción; anomalías en la autorización de la SEP para que impartiera los niveles de preescolar, primaria y secundaria sin cubrir con la totalidad de los requisitos; inconsistencias de los programas de Protección Civil”.

Otras de las irregularidades que la Comisión señaló fue la construcción de un apartamento para la dueña del colegio en la azotea de la escuela, acción que quizá contribuyó al derrumbe. Así como el asunto mediático de la supuesta niña Frida Sofía, que derivó del rumor y se transmitió a los medios de comunicación.

¿Qué debe hacer el Gobierno de CDMX y la SEP?

La recomendación de la CNDH está dirigida al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana, quienes deberán ofrecer una disculpa pública y reparar el daño a las víctimas.

También deberán realizar un memorial con el nombre de todas las personas menores de edad y adultas que fallecieron, con base en estándares internacionales; y colaborar en las quejas contra autoridades responsables, personal del servicio público involucrado y quien resulte responsable.

En particular, a la SEP se le pide elaborar un protocolo general homologado aplicable a planteles de educación preescolar, primaria y secundaria para atender los casos de sismos, incluyendo la creación de instancias para recibir y atender denuncias. Y la Jefa de Gobierno debe dar seguimiento constante a los programas internos de las escuelas públicas y particulares para reportar las condiciones físicas y legales.

A principios de este 2019, Mónica García Villegas, dueña del plantel, fue detenida bajo el cargo de homicidio culposo de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad; más tarde se le imputó un segundo proceso penal por haber permitido la edificación ilegal de una planta adicional.

Fotografía: Rogelio Morales / Cuartoscuro

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