De acuerdo con el informe “Niños privados de libertad-Estudio Mundial de las Naciones Unidas”, México registró entre 2008 y 2019 232 mil detenciones de niños con fines de migración, proporción que aumentó en 43 mil en los primeros ocho meses de 2019.
Fernanda Dorantes Arteaga, directora Jurídica de Reinserta, fundación mexicana dedicada a la prevención del delito y mejora de la justicia penal, y que ha aumentado la autoestima del 42% de las mujeres y el 82% de los hombres mediante talleres en prisiones, destacó que, en México, la migración infantil no está criminalizada a diferencia de otros países, donde los desplazamientos son asumidos como conductas delictivas, pero las situaciones de los centros migratorios son “deplorables”.
En contraste, Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save the Children en México, denunció que, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, expedida en 2014, la detención de infantes migrantes está prohibida, pero siguen detectando menores encerrados. Ello “afecta su desarrollo socioemocional y su acceso a la salud, educación y otros derechos”.
También consideró que, a pesar de que la norma es progresista y de que hay “cuatro homicidios de niños y niñas diarios”, hay preocupantes recortes presupuestarios en seguridad para el sector. Ello, además de tener pendiente México la ratificación del tercer Protocolo de la Convención, para que se pueda denunciar directamente la violación de los derechos de niñas y niños ante la ONU.
De acuerdo con Unicef, en 2017 se registraron mil 614 homicidios de niños mexicanos y al menos el 63 por ciento ha experimentado un caso de violencia en el hogar. Los estados del país con más homicidios infantiles son Sinaloa, Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero.
La representación del fondo de Naciones Unidas en México considera que al país le falta especialización para no victimizar a los menores, y espacios migratorios de acogimiento integrados a la comunidad. “La especialización implica mecanismos que permitan accesibilidad, respeto desde el contacto con el juez y todo el proceso. Por ejemplo, una víctima que tiene que reportar 20 veces, a diferentes personas, cómo sufrió, o un niño que es expuesto con preguntas inadecuadas que lo hacen revivir el trauma, o que es puesto en contacto con el victimario[…] Todas estas actividades las evita un sistema de justicia especializado”, explicó Dora Giusti, Jefa de Protección en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
