El gobierno del presidente AMLO imputará el delito de «delincuencia organizada» a las empresas dedicadas al outsourcing, o subcontratación ilegal de trabajadores, así como a los patrones que las contraten para evadir sus responsabilidades laborales.
En la conferencia mañanera de este miércoles 15 de enero, el Gobierno de México presentó su Grupo de Trabajo contra la Subcontratación Ilegal, irregularidad que es definida como el «traslado de una plantilla laboral» a empresas intermediarias con el objetivo de ocultar la relación laboral a través de actos simulados, mismos que están orientados a incumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social.
El Grupo de Trabajo está integrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), éstas últimas integradas dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En su intervención, el presidente AMLO aseguró que la intención inicial de su gobierno es informar a patrones y empresarios del nuevo marco legal, debido a que ahora se combate de manera directa la defraudación fiscal a partir de la erradicación de empresas «factureras» que se dedican a emitir facturas falsas. En ese sentido, indicó que el siguiente paso es traer justicia a los trabajadores que por años han sido víctimas de la corrupción ejercida a partir del outsourcing ilegal, que daña sus derechos y patrimonio.
«Lo que queremos es informar a trabajadores y patrones que hay una nueva legislación y que pueden ser sancionados, porque no todos saben que ya se llevaron a cabo estas reformas y que ahora estas prácticas se consideran delito grave, y significa en el caso de que resulten responsables van a la cárcel sin derecho a fianza»
AMLO. Presidente de México.
Por su parte, el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, hizo un llamado a empresas que han incurrido en la contratación de entidades especializadas en la subcontratación ilegal, a acercarse con el IMSS y con el SAT para regularizar su situación, debido a que existe la opción de cubrir los pagos pendientes en caso de que hayan utilizado a las empresas defraudadoras.
Añadió que desde el 1 de enero de 2020 entraron en vigor las reformas dispuestas a combatir las defraudaciones fiscales a partir de las llamadas «factureras», por lo que será a partir de ese esquema legal que se de lucha contra el outsourcing ilegal.
En cuanto a la imputación de delincuencia organizada, el titular de la PFF indicó que en cuanto a las empresas de outsourcing, se configurará a partir de su involucramiento para desviar recursos como una tercera entidad, mientras que para los patrones se apelará al criterio de riesgo a la seguridad nacional.
«La reforma va encaminada a castigar como delincuencia organizada a todas las empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal. Al que compre el producto también puede ser catalogado como delincuencia organizada, el contrata este tipo de servicios corre riesgos, que pueda ser sancionado con hasta 14 años de prisión»
