La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el impuesto cobrado por el estado de Nuevo León a los casinos.

En la sesión de este jueves, los ministros decidieron rechazar la petición de los empresarios del ramo que solicitaban la eliminación del impuesto del 6 por ciento a las apuestas que se realizan, y de un 10 por ciento a los clientes, bajo el argumento de que ese derecho ya lo cobra la Federación. 

Lo anterior pese a que la Ministra Yasmín Esquivel había presentado dos proyectos que amparaban a las empresas Players Palace y Apuestas Internacionales, filial de Televisa, por considerar que sólo la Federación puede legislar sobre juegos y sorteos.

El fallo a favor ocurre luego de que alcaldes metropolitanos formaron un frente común a favor del cobro. 

Esta semana, los alcaldes de Monterrey, Guadalupe, Apodaca, además de la bancada del PRI, fijaron su posicionamiento en una rueda de prensa en el Congreso local. 

Argumentaban que si les quitaban estas partidas tendrían que hacer ajustes al presupuesto del 2020, situación que complicaría la operatividad de muchas administraciones municipales.

La administración de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, podrá continuar con el cobro de esta contribución que desde 2017 se impuso a casinos y casas de apuesta en la entidad y que se espera en tres años deje a la entidad 930 millones de pesos, para un fondo de seguridad a los municipios del área metropolitana. 

Durante el 2019 se logró una captación de 618 millones de pesos en este impuesto, el cual fue aprovechado por las administraciones municipales.

Este impuesto a casinos  es repartida desde el 2017 a los 51 municipios para invertirlos en la seguridad, algunos lo utilizan incluso para el pago de sueldos a los policías.

En el estado de Nuevo León, el fisco estatal le cobra a las casas de apuestas un seis por ciento sobre el total de sus operaciones, y a los clientes un 10 por ciento sobre el monto de sus apuestas.

Cabe destacar que los proyectos que amparaban eran resultado de un returno, pues en septiembre de 2019, por 3 votos contra 2, la Sala había desechado un proyecto del Ministro Fernando Franco, que precisamente negaba el amparo.

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