La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó un informe de las auditorías hechas en su primer año de gestión, donde destaca que durante 2019 realizó casi 3 mil 400 actos de fiscalización.
De esa cifra, más de 2 mil 500 fueron auditorías que generaron más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos, refirió la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ante miembros del gabinete legal y ampliado.
De acuerdo con un comunicado de la SFP, indicó que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de Educación y Salud, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En materia de obra pública, la Secretaría llevó a cabo 127 actos de fiscalización: 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20 mil 598 millones de pesos.
Como resultado de la fiscalización e investigación, la SFP abrió más de 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades. En materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, específicamente, en 2019 solventó 81 expedientes, 63 de ellos con resoluciones sancionatorias que le permitieron imponer multas por casi 23 mil millones de pesos.
Al presentar el informe, la funcionaria federal expuso que hasta el inicio del actual gobierno, «había un control prácticamente nulo en la APF, porque no se hacía el esfuerzo de identificar y administrar riesgos sobre actividades sustantivas».
Por ello, dijo, «nuestro primer paso fue restablecerlo con un enfoque preventivo para disuadir actos de corrupción, propiciar la eficacia gubernamental y mejorar el desempeño institucional».
En ese sentido, afirmó que ya el actual gobierno ya revierte lo que administraciones pasadas hicieron para debilitar al Estado, institucionalizar el dominio de intereses privados y fomentar el imperio de la impunidad.
En el informe «develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes», afirmó la secretaria de la Función Pública.
Al respecto mencionó casos ejemplares de corrupción como el desvío del trazado de una carretera, en Puerto Vallarta-Manzanillo, para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico.
Así como el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.
Refirió que, en otros casos, como el del aeropuerto en Texcoco, la Función Pública identificó irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos que incluyen más de 6 mil millones en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros 6 mil millones usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución.
Añadió que con auditorías a la operación regional, fiscalizó ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte, financiados con recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación que en 2018 alcanzaron 236 mil 430 millones destinados a 53 programas en total.
Mencionó que otro caso conocido es el del exdirector de Pemex Fertilizantes, Édgar Torres Garrido, «donde se identificaron irregularidades en la compraventa de Grupo Fertinal», operación con la que se defraudó al Estado y por la que se inhabilitó al exfuncionario por 15 años y se le multó con más de 3 mil 800 millones de pesos.
La funcionaria federal abundó que en su Programa Anual de Auditorías, la Función Pública no sólo fiscalizó el uso correcto del erario público, sino que, al privilegiar las auditorías al desempeño gubernamental, buscó también mejorar la gestión pública.
Así, con base en los registros que realizan las dependencias y entidades, se hace un inventario de las obras públicas y adquisiciones por ejercicio fiscal de aquellos contratos de obras y servicios que se ejecutan con recursos federales.
Hasta el 30 de noviembre del ejercicio fiscal de 2019, se contó con los registros de 60 dependencias y entidades de la APF, que involucran a 7 mil 562 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, con un importe contractual de 444 mil 339 millones de pesos y 2.9 millones de dólares.
