Por una defraudación fiscal de 2.4 millones de pesos, existe una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte Ochoa, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra encarcelado en México por asociación delictuosa.
De acuerdo con datos oficiales, la solicitud de arresto responde a una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación realizada desde 2018.
Karime Macías, quien radica en Londres, Inglaterra, omitió presentar por más de 12 meses la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, cuando era la primera dama de Veracruz.
La investigación indica que se logró determinar la defraudación fiscal equiparada, prevista en el artículo 109 fracción V del Código Fiscal Federal (CFF), por la discrepancia fiscal que arrojó por ingresos no declarados y los gastos realizados por su tarjeta de crédito.
Por esta razón, la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el asunto el pasado 28 de enero, dando lugar a una orden de captura contra Macías Tubilla.
Este fraude fiscal se suma a la acusación que pesa sobre Macías Tubilla por presunto desvío de fondos públicos en agravio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz por 112 millones de pesos.
La orden de aprehensión se da en un contexto en el cual hay un proceso de juicio de extradición a México que iniciará en noviembre.
En mayo de 2019, Karime Macías Tubilla solicitó el divorcio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y quedó separada en octubre de ese año, luego de que el exgobernador accediera sin condición alguna.
Los datos. Hay registros de que en 2011 Karime Macías dejó de pagar el ISR por 2 millones 236 mil pesos. Para 2012 omitió declarar el gravamen por 200 mil 962 pesos.
Así, la exesposa de Javier Duarte causó un perjuicio al fisco federal de 2 millones 437 mil pesos. Dicha cantidad puede triplicarse considerando la actualización, multas y recargos o incluso llegar a entre 8 y 9 millones de pesos.
La defraudación se determinó tras investigaciones con base en documentos y pruebas en poder de la autoridad.
Se usan modelos de riesgos que permiten un porcentaje de efectividad de entre 87% y 92% a favor del erario. Acciones como estas van en línea con la actual política de no permitir la corrupción, la evasión fiscal ya sea por omisiones, operaciones simuladas u outsourcing ilegal para no cumplir obligaciones tributarias y de seguridad social.
Es decir, que la mayoría de los casos los gana la Procuraduría Fiscal de la Federación para combatir la defraudación, ya que por lo general detrás de la evasión hay actos relacionados con la corrupción.
El procedimiento indica que una vez que se determine la afectación al fisco, se cita al contribuyente, y si no acude se pide a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión.
