Por Waldo Fernández

El patrimonio más grande que tiene cualquier familia es su casa. Para muchas de estas familias la única forma de obtener un crédito para hacerse de una casa es por medio del Infonavit, institución que por décadas ha sido la encargada de ofrecerle a la clase trabajadora un crédito hipotecario que les permita forjar su patrimonio. 

Sin embargo, en las pasadas dos décadas y especialmente durante los últimos dos sexenios, empezaron a darse fenómenos que afectaron a la clase trabajadora que posee un crédito Infonavit y ello derivó en una ola de desalojos, en su mayoría orquestados por mafias (los casos están documentados en la prensa y en diversos medios de comunicación) que se aprovechan de la gente, de las circunstancias adversas que enfrentan y de las condiciones en que firmaron el crédito de su vivienda.        

En respuesta a ello el gobierno federal lanzó una serie de programas para atender esta problemática. De manera puntual el Presidente ordenó detener los desalojos que se están llevando en contra de quienes por una u otra razón han incumplido con el pago de sus créditos. Este programa  tiene un objetivo muy noble, pero además incide directamente en el entorno de las personas que habitan alrededor de una vivienda que ha sido desalojada. Me explico: por principio de cuentas se trata de preservar el ideal por el que fue creado. Que los trabajadores tengan acceso a un crédito para adquirir una vivienda, que el crédito sea accesible a pagar y que la gente pueda preservar su patrimonio. Poner un alto a los desalojos es anteponer ante todo a los trabajadores y sus familias por encima de cualquier lógica de mercado, el Infonavit es una institución social, no una financiera del ámbito privado. 

Por otro lado, detener esos desalojos también incide en la seguridad de las personas que viven alrededor. Sólo en Nuevo León hay más de 50 mil viviendas abandonadas, en su mayoría por desalojos que ya fueron llevados a cabo, o porque son viviendas construidas en lugares apartados y en condiciones pocos dignas (este tema merece por sí mismo una columna e investigación aparte), estas viviendas se convierten en focos de inseguridad que afectan a las personas que viven en esas colonias. Esa situación degrada aún más el tejido social.     

En definitiva la orden del Presidente por poner un alto a los desalojos responde a una necesidad del pueblo que muchas veces quienes no vivimos en ese entorno no podemos ver, tampoco estoy diciendo que el fenómeno ya está resuelto, como ciudadanos hay que organizarnos y exigir que la orden presidencial se cumpla, que se le den alternativas a la gente y que se propongan soluciones. Por mi parte, he emprendido una cruzada para que quienes enfrentan un caso de este tipo conozcan las opciones para solucionarlo. Si tú eres uno de esos casos o conoces a alguien que esté en esa situación, dale mi WhatsApp: 8118001357, organicémonos para impedir que nadie vuelva a pasar de un “hogar, dulce hogar” a un “hogar, triste hogar”.   

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