Al menos 84.4% de los poderes judiciales locales, es decir 27 estados, han dejado sin protección a las mujeres y suspendieron labores por la Emergencia Sanitaria decretada por el coronavirus Covid-19. Estas medidas nocontemplan el funcionamiento de los recursos legales para prevenir y frenar la violencia, a pesar de las alertas sobre que durante la contigencia, las agresiones pueden aumentar dentro de los hogares.

Así lo señaló la organización EQUIS Justicia para las Mujeres en su informe “Desprotección Judicial en tiempos del COVID-19”, en el cual a partir de acuerdos y comunicados emitidos por los poderes judiciales estatales relacionados con la Emergencia Sanitaria, evaluaron criterios relacionados con medidas que son necesarias para proteger a las mujeres víctimas de violencia y garantizar su acceso a la justicia.“Las medidas de confinamiento establecidas para prevenir la propagación del Covid-19, aunque necesarias, incrementan el riesgo de las mujeres a ser víctimas de violencia, vulnerabilidad que se agrava por la suspensión de labores de los poderes judiciales, encargados de protegerlas”EQUIS Justicia

Del análisis realizado por la organización resultó que únicamente 5 poderes judiciales -Querétaro, Colima, Michoacán, Nuevo León y Baja California Sur-, han mantenido el funcionamientos de los mecanismos necesarios para proteger la vida de las mujeres; mientras que el resto (27), “están reprobados en garantizar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia”.

Mujeres sin órdenes de protección, medidas precautorias ni pensión

Otros resultados que revelan la falta de atención de los poderes judiciales del país para con las mujeres y en medio de la contingencia por el coronavirus, refieren que solo 7 de 32 poderes continúan contemplando el funcionamiento de las órdenes de protección, a pesar de ser un recurso sencillo de tramitar pues no requiere una demanda.

Asimismo en 22 estados no se está contemplando a personas de guardia que protege a las mujeres víctimas de violencia en procesos judiciales como divorcios y pensiones; y en 19 también se suspendieron las audiencias para dar seguimiento a denuncias penales.

En 10 estados no explican cómo seguirán los proceso de pensión alimenticia y 15 poderes suspendieron de manera absoluta las actividades de los centros de convivencia familiar sin proporcionar alternativas seguras. 

EQUIS Justicia también señaló que la información respecto a la suspensión de labores no es clara respecto a los servicios que seguirán funcionando; y recordaron que no solo se enfrenta una crisis sanitaria, sino una crisis de por violencia de género, por lo que las medidas para contrarrestar el Covid-19 no deben dejar desprotegidas a las mujeres. 

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