La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aclaró que el acuerdo publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación no implicar dotar de mayores atribuciones al Ejército en materia de seguridad pública.
Ante ello, la SSPC pidió a las fuerzas políticas y servidores públicos en el país mantener el tema de seguridad pública «como un espacio de neutralidad política, ajeno a banderas coyunturales o al interés de generar polémicas en temas que ya fueron aprobados y discutidos en su momento por el Poder Legislativo».
Expuso en un comunicado que el acuerdo complementa el Artículo Quinto transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad el año pasado tanto por el Congreso de la Unión como por las 32 legislaturas locales.
Dicho artículo faculta a las Fuerzas Armadas a realizar funciones de seguridad pública hasta por un periodo de cinco años, por lo que el acuerdo no es un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo Federal, sino el seguimiento a una disposición constitucional, aprobada por consenso por todos los partidos políticos desde 2019, sostuvo.
Desde el 16 de mayo del 2019, recordó, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que la Cámara de Senadores aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal y en su diagnóstico se contempló la necesidad de la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.
Asimismo, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas incluye que trabajen de manera coordinada en las mesas estatales y regionales de construcción de paz, con el objeto de atender los diversos problemas de seguridad pública que se presentan.
«El Acuerdo es necesario en la medida en que el Ejército operaba sin un marco jurídico que le diera certeza a sus acciones.
«Este documento atiende diversas resoluciones jurisdiccionales (nacionales e internacionales) encaminadas a precisar el alcance de su intervención en tareas de seguridad pública bajo principios democráticos, temporales y de apego irrestricto a los derechos humanos».
En el comunicado, se señala que cuando las fuerzas castrenses realizan tareas de protección civil o de apoyo social a la población «nadie habla de militarización de la vida del país», como ahora sucede, en la pandemia global derivada del coronavirus.
Además, indicó que la crisis sanitaria «supera en este momento los alcances de la GN y exige que todas las instituciones mexicanas trabajen de manera coordinada para proteger la vida, el patrimonio, y la integridad de todos los ciudadanos».
El acuerdo, agrega, otorga mayor fortaleza a las actuaciones de las Fuerzas Armadas como primeros respondientes ante hechos de carácter delictivo y permite también que las detenciones que realicen se inscriban en el nuevo Registro Nacional de Detenciones (RND) impulsado por el Gobierno de México.
Sostuvo que dicho acuerdo y la Guardia «no significan un abandono a la construcción de instituciones civiles», todo lo contrario el Gobierno de México ha reconocido la importancia de las policías estatales y municipales en materia de prevención, inteligencia, e investigación del delito.
Indicó que el contexto del país demanda que el Estado mexicano «haga uso de todos los recursos con que cuenta» para brindar seguridad a la nación y eso incluye el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Morena: en 2024 sí habrá desmilitarización
La diputada de Morena, Dolores Padierna, aseguró que a fines de marzo de 2024 sí habrá desmilitarización del país, y eso gracias al acuerdo presidencial emitido la víspera, por el que se instruyó a las Fuerzas Armadas colaborar con la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.
Con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el presidente Andrés Manuel López Obrador «hace el compromiso de que en un sexenio se logre la desmilitarización» y que el límite para que las Fuerzas Armadas participen en seguridad sea el 27 de marzo de 2024, como establece el documento.
Es decir, se regulariza a las fuerzas armadas que han estado en el combate a la inseguridad pública y se establece un límite para su participación.
Padierna Luna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados aseguró que el apoyo de fuerzas armadas en seguridad pública cumple con reforma constitucional que creó Guardia Nacional y que votaron a favor todos los partidos políticos.
«El transitorio quinto de la reforma señala que durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria» y eso es lo que se hizo.
Aseguró que fue el expresidente Felipe Calderón quien echó a andar una política nacional de combate frontal al narcotráfico basada principalmente en el despliegue de las fuerzas armadas en operativos de carácter permanente y no como antes de 2006, en que era con plazos acotados y objetivos específicos.
Ahora será una tarea de coordinación y «estarán subordinadas al mando civil, el cual tiene al centro de sus obligaciones el pleno respeto de los derechos humanos» en una «radical diferencia con la estrategia belicista que inició Felipe Calderón y prolongó Enrique Peña Nieto».
Además marcó la diferencia con la Ley de Seguridad Interior de 2017 pues ésta sí facultaba a las propias fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública permanentemente y «orientaba dinero de los niveles municipales y estatales hacia el Ejército«, lo que hoy ya no ocurrirá pues ahora el plazo será de 5 años y los recursos serán presupuestados sólo al Ejército y Marina que se dedicará a seguridad pública.
«Este acuerdo asegura la desmilitarización y pone fecha para que regresen los militares a sus cuarteles», sostuvo.
