Por José Jaime Ruiz

@ruizjosejaime

En su libro La ética política y el ejercicio de los cargos públicos, Dennis E. Thompson asegura que los funcionarios públicos cometen inmoralidades por tres causas: por codicia, deseo de poder o lealtad a su familia o amigos. Y, sin embargo, contando como búsqueda el bien común, lo que denomina “manos sucias”, incumbe al político “que infringe los principios morales en nombre del interés público”.

¿Cuántos de nuestros políticos caen en esa infracción de los principios morales en nombre del interés público? En realidad, lo que domina es la codicia, el deseo de poder y el compadrazgo y el amiguismo. El tráfico de influencias, los moches y la corrupción han predominado en todos los niveles de gobierno y, al menos, en el estatal y en los municipales, puede seguirse por el aumento desmedido de las deudas públicas y las reestructuraciones de estas deudas.

Thompson alude también a que, determinada la inmoralidad, es imposible que un solo funcionario la haya elaborado. Así: “El retrato que preside las discusiones sobre los dilemas morales que padecen los funcionarios públicos representa a una figura solitaria, torturándose a solas cuando toma decisiones morales y actuando en soledad cuando las pone en práctica. Pero a este cuadro le falta una dimensión política fundamental y en consecuencia oscurece un problema importante de la ética política: el de las múltiples manos. Puesto que muchos funcionarios colaboran de diferentes formas en las decisiones y políticas de gobierno, es difícil incluso en principio identificar a las personas moralmente responsables por sus consecuencias”.

Al contrario de esta imagen de tortura, la de un político comiéndose las uñas por tomar una decisión inmoral, en México en el imaginario colectivo, en la caricatura política, no hay tortura, hay satisfacción y regodeo en los actos de corrupción. Y el sentido de las responsabilidad de los servidores públicos en las “múltiples manos”, conlleva a “sacrificar” siempre al funcionario menor para salvar al funcionario mayor. Así, en el trazo del compás, una punta es la corrupción y otra, la impunidad.

Por fin en la opacidad y en la falta de rendición de cuentas, el círculo vicioso se cumple porque los medios de comunicación, quienes debieran de ser los representantes legitimados de los reclamos ciudadanos, también entran en el juego de la codicia, del allegarse de los recursos públicos solapando a los políticos. Los ciudadanos comunes, en efecto, no pueden ejercer presión con sus reclamos, a diferencia de los ciudadanos (empresarios) con mayores recursos. Y el interés público, consecuentemente, se privatiza.

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