La fiscalía del Tribunal Supremo español anunció que investigará si existe responsabilidad penal del rey emérito Juan Carlos en una trama de presuntas comisiones por la concesión de un contrato de alta velocidad ferroviaria en Arabia Saudita.

La justicia investigaba estos hechos desde 2018, pero únicamente el Tribunal Supremo puede indagar directamente en las presuntas responsabilidades del monarca, aunque únicamente por hechos cometidos después de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado.

La fiscalía del alto tribunal reconoce que asume la investigación dado que “una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces rey, hoy rey emérito, Juan Carlos de Borbón” y es necesaria “la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente” a su figura.

Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad”, añade el ministerio público en su comunicado.

La causa se inició en septiembre de 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones a su examante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que aseguraba que Juan Carlos I había cobrado a través de una intermediaria iraní una comisión por la concesión del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina a un consorcio de empresas españolas.

Se trataría de un posible delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales cometido por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional”, había señalado entonces la fiscalía. Reconocido durante décadas como figura clave de la transición democrática de España, el legado del monarca (1975-2014) se ve enturbiado en los últimos años por las sospechas de detentar una fortuna opaca, sobre todo derivada de sus lazos con las monarquías del Golfo.

Recientemente aparecieron varias informaciones de prensa que llevaron a su hijo y heredero, Felipe VI, a retirarle la asignación de la Casa Real y que, según medios españoles, ascendía a más de 194 mil euros anuales (unos 219 mil dólares).

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