La justicia de Reino Unido dio a Juan Guaidó el controldel oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra (BoE) y que también reclamaba el presidente Nicolás Maduro.
El Tribunal Superior británico, determinó que el gobierno del Reino Unido reconoció «inequívocamente» a Guaidó como “presidente interino constitucional” del país latinoamericano.
De acuerdo con el juez Nigel Teare, es, por tanto, la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por el autoproclamado presidente venezolano la que tiene autoridad sobre las reservas, que representan unos mil millones de dólares.
Con la decisión, la junta ad hoc nombrada por el presidente de la Asamblea Nacional es la que está legitimada para gestionar las reservas depositadas en jurisdicción británica, 31 toneladas de lingotes.
Banco Central de Venezuela apenará decisión de Reino Unido
En mayo pasado comenzó el litigio ante un tribunal londinense para dirimir a quién corresponde ejercer la representación del Banco Central de Venezuela (BCV), dueño de ese oro, y en consecuencia el control de los lingotes.
El Gobierno de Maduro afirma que que el único BCV legítimo es la institución presidida por Calixto Ortega, designado por su Administración, que quiere usar ese oro para financiar la lucha contra el Covid-19, según esgrimió en su momento.
El abogado del Gobierno de Maduro en el litigio, Sarosh Zaiwalla, anunció que el Banco Central de Venezuela solicitará el permiso del tribunal para apelar este veredicto, ya que considera que ignora completamente la realidad de la situación sobre el terreno.
«Ninguno de los miembros de la llamada junta directiva ‘ad hoc’ del BCV designados por Guaidó ha residido en Venezuela durante los últimos años», señaló.
El abogado agregó que el Gobierno de Maduro tiene el completo control de Venezuela y sus instituciones administrativas «y solo él puede garantizar la distribución de la ayuda humanitaria para combatir la pandemia».
Inclusive, Zaiwalla acusó al Banco de Inglaterra (BoE) de negarse a «permitir que las reservas de oro de Venezuela sean usadas para financiar los esfuerzos del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para comprar comida, medicamentos y equipos médicos para el uso de la población venezolana durante la pandemia».
El representante legal de Venezuela advirtió que «este resultado (judicial) retrasará aún más estas gestiones en detrimento del pueblo venezolano, cuyas vidas están en riesgo».
