Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación tumbó el proceso sancionatorio del Congreso Local por el tema de las «broncofirmas», el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aún puede ser sometido a juicio político.
A decir del máximo tribunal, la sanción debe ser prevista en el sistema de responsabilidades políticas de la Constitución federal.
La destitución o inhabilitación son las únicas opciones en este tipo de casos que, en ocasiones, pueden tardar años.
«De conformidad con el Título Cuarto de la Constitución Federal, el tipo de juicio de responsabilidad y sanción que debe ser aplicable en el presente caso es el juicio político, a nivel federal».
«El procedimiento de responsabilidades en contra del Titular de Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León debió de haber comenzado por la acusación respectiva de la Cámara de Diputados y, posteriormente, por la resolución declarativa de la Cámara de Senadores».
«Ausentes estos elementos, el Congreso local no estaba en condiciones para emitir el Acuerdo que contiene las reglas procesales para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado», cita la sentencia.
En este sentido, sigue vigente la facultad del Congreso Local de ejecutar la orden de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a sancionar a Rodríguez Calderón, pero con nuevas reglas.
Lo anterior toda vez que el caso es federal dado que se efectuó cuando el demandado aspiraba a una candidatura presidencial.
Los gobernadores, de acuerdo con el Artículo 110 de la Constitución federal, pueden ser sometidos a juicio políticopor violaciones graves a dicho ordenamiento.
«Se deja a salvo esa facultad para que, de estimarlo oportuno, el Congreso local regularice el proceso de atribución de responsabilidades que ordenó la Sala Regional Especializada del TEPJF, bajo los lineamientos expresados en esta resolución, tomando como base el sistema de responsabilidad política».
De ir a juicio político, la Cámara de Diputados es la instructora del proceso, en tanto que el Senado de la República notifica al Congreso estatal para que este determine la sanción.
