Por desacato, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León planteó ante la Suprema Corte de la Nación la destitución de los actuales diputados del Congreso Local por no haber ratificado en el cargo al magistrado Ángel Mario García Guerra.
El órgano colegiado declaro fundada la incidencia de sentencia al considerar que los legisladores incurrieron en desacato hasta en ocho ocasiones.
La defensa legal de García Guerra señalo que esto es un hecho que por primera vez se presenta en México.
«A nivel nacional es la primera ocasión en que se destituye al Congreso, es una sanción grande, es el procedimiento más severo para sancionar a una autoridad que no quiere cumplir con una decisión del Poder Judicial Federal.
«Están validando lo que dice el juez de distrito que en ocho ocasiones que le han requerido que ratifique el magistradoÁngel Mario García».
«Dictan una resolución para destituir a todo el Congreso de Nuevo León y lo envían a la Corte para que ellos definan el ejercicio de la acción penal para ir contra todos los Diputados de esta legislatura y la inhabilitación por 10 años», refirió, el abogado Manuel Arnaud.
El pasado cinco de agosto del presente año, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León emitió una resolución relativa a la promoción de la repetición un acto reclamado, esto, en relación con el juicio de amparo promovido por Ángel Mario García Guerra contra los actos de este Poder Legislativo, que derivaron en la no ratificación en su cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En la resolución se ordena al Congreso del Estado de Nuevo León, para que, dentro del término de tres días contados a partir de la notificación, dé cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo, la cual implica reconocer que no había elementos para el .
Además, se informa a la potestad responsable que continúa vigente el apercibimiento realizado mediante auto de doce de marzo del año que transcurre, en el sentido de que, de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, dentro del plazo antes señalado, se le impondrá una nueva multa de doscientas unidades de medida y actualización.
Sin embargo, el Poder Legislativo hizo caso omiso y ahora el Tribunal Colegiado ordenó destituirlos.
Ante tal situación, el representante jurídico de García Guerra advirtió que irían por la vía penal e inhabilitarían a los legisladores por desacatar una orden judicial, con penas de hasta 10 años de prisión, según la Ley de Amparo.
Ante esta resolución, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que definiría si es válida o no la decisión de destitución de los legisladores.
