El gobierno interino de Bolivia presentó este 20 de agosto una denuncia penal en contra del presidente depuesto Evo Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, debido a que presuntamente mantuvo una relación con una menor de 14 años de edad.

De acuerdo con la agencia AP, el viceministro de Transparencia, Guido Gustavo Melgar, señaló en conferencia de prensa que la investigación inició en julio pasado, cuando se detuvo un vehículo oficial con reporte de robo en la gobernación de Cochabamba (centro).

La policía detuvo a los ocupantes, incluyendo a una joven de 19 añosquien, a quien se le encontró evidencia de una relación con Morales en su teléfono celular.

“La policía hizo el vaciado del celular y encontró mensajes por Whatsapp, fotos, entre esta señorita y Juan Evo Morales Ayma” que probarían que Morales tuvo una relación con la detenida cuando “aún era menor de edad”.

“De ser cierta toda la información que se tiene documentada en videos, audios y mensajes, vamos a solicitar que se le imponga al señor Evo Morales Ayma la pena máxima”.“De ser cierta toda la información que se tiene documentada en videos, audios y mensajes, vamos a solicitar que se le imponga al señor Evo Morales Ayma la pena máxima”Guido Gustavo Melgar

El gobierno de Bolivia agregó que tiene información en el sentido de que la víctima ingresó ilegalmente a Argentina la semana pasada, por lo que ya se pidió la colaboración de las autoridades de aquel país para su localización, pues todavía puede colaborar en las investigaciones.

Un día antes, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, había declarado a la prensa que el Ministerio de Justicia tenía denuncias anónimas de otras adolescentes.

Evo Morales Ayma, quien renunció a su cargo por presión de la milicia de su país en noviembre de 2019 y actualmente está exiliado en Argentina tras un paso por México y Cuba, tiene otras denuncias en su país de origen.

El actual gobierno, encabezado por la derechista Jeanine Áñez, lo acusa de fraude elecrtoral, terrorismo y sedición, y daño a la salud por supuestamente provocar bloqueos carreteros que impidieron a las autoridades sanitarias atender la pandemia de Covid-19.

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