Por Carlos Chavarría

El bienestar y la igualdad no se decretan. De acuerdo con INEGI (2019) 52.4 millones de mexicanos viven en la pobreza y de ellos, 9.2 millones están dentro de la pobreza extrema.

Todos queremos que nadie viva en la pobreza, de eso no hay duda, pero el sistema económico como tal, por sí solo no ha podido reducir la proporción de mexicanos en tan lastimosa condición, a pesar de los múltiples programas redistributivos que se han implantado a lo largo de los años.

La pobreza no es asunto que afecte nada más  a México.  Si se acepta el índice de Gini  como medida de la desigualdad en el ingreso (0=igualdad perfecta, 100= desigualdad absoluta) , México se encuentra en 0.538 mientras los EEUU están en 0.348 (OECD.2018).

La desigualdad en el ingreso es una de las principales críticas al sistema capitalista, dentro del cual se espera que los gobiernos, a través de políticas públicas redistributivas, “apropiadas y eficientes”, reduzcan la cantidad de personas  dentro del nivel de pobreza.

En México el crecimiento de la población siempre es mayor al crecimiento económico, una muy baja recaudación fiscal (60% de la economía opera en el sector informal) y un gasto público ineficiente (Pareto), son las limitantes principales y círculos viciosos que convierten a la pobreza en un asunto endémico.

 México destinó en 2019 un 10.9% del PIB en el rubro de Gasto Social (protección social, educación, salud y vivienda), apenas un 0.3 % mayor que lo destinado en 2018. Nuestro país ya destina el 46.2% de su gasto neto total a este concepto. Los países de América Latina en promedio destinaron el 11.5%, en tanto EEUU fue 18.7, España el 23.2 y Francia 31.2.

Como solución alternativa se promueve desde hace décadas la entrega a toda la población, en condición de pobreza, una cantidad de dinero tal que abandonen en automático la condición de pobreza, de hecho, todos los gobiernos usan ese programa(s)  como estandarte de sus propósitos.

La llamadas “tarjetas de bienestar” , que reubicaron programas que ya existían, en un mecanismo de entregas de efectivo directas a ciertos sectores sociales, apuntan en la dirección de un IBU.

Para que un plan de IBU no se convierta en una simple carga onerosa adicional al presupuesto, deben existir reglas que promuevan el talento laboral y la ocupación formal. Gran parte de las crisis por las que atravesaron las economías de países como España, Grecia, Italia y otros fue debido a lo abultado de su gasto social no sostenible que fue financiado a través de deudas.

México  debe y puede reducir la pobreza a través de un IBU si se financia: i) Con crecimiento económico y la generación de empleos asociada, ii) reduciendo el déficit conjunto de PEMEX y CFE que solo en 2019 importó  401.2 miles de millones de pesos (mmp), iii) se eleva la base de contribuyentes a través de la simplificación fiscal y iv) una reforma laboral y educativas que realmente promuevan la movilidad salarial y  se evite la elusión fiscal en este rubro.

A pesar del discurso oficialista, sin crecimiento económico no puede haber bienestar. No se resuelve nada pretendiendo que la solución de la pobreza de 54 millones de mexicanos gravite sobre 20 millones de trabajadores formales y 11 millones de contribuyentes y que todo lo demás se mantenga sin evolución hacia el crecimiento y la eficiente aplicación del gasto público.

Implantar un IBU de $3,000.00 mensuales a los 9.2 millones de mexicanos en pobreza extrema significan 334.8 mmp anuales, a saber, es lograble, siempre y cuando los gobiernos dejen de considerar a la pobreza como un estandarte electorero y  entonces los recursos no se pierdan en medidas poco trascendentes, pero si muy costosas.

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