Al quedar comprobada su participación en la recolección de firmas para la candidatura a la presidencia del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, 11 servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León fueron cesados.
Los funcionarios cesados son un Director, una Coordinadora de Área, tres Agentes del Ministerio Público, un Agente Ministerial B, dos Agente Ministerial C, un Perito, un Auxiliar de Investigación y un Asistente.
Una investigación de la Visitaduría General de la Fiscalía inició un procedimiento de responsabilidad administrativa de manera individualizada en contra del personal de la dependencia señalados en esa resolución, en los términos indicados por la misma autoridad electoral.
Lo anterior derivado de la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral el 21 de junio de 2018, respecto a una serie de apoyos brindados por servidores públicos al entonces candidato a la Presidencia de la República, algunos pertenecientes a esta institución, de la Fiscalía.
Tras varios meses de investigaciones, la Visitaduría General dictó resolución definitiva donde se determinó que dichos servidores faltaron a los principios de neutralidad e imparcialidad en la equidad de la competencia electoral.
Esto por haber captado apoyos mediante la recolección de firmas electrónicas en día y horario laboral a favor de la candidatura independiente de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
En la resolución se señaló que los 11 servidores públicos violentaron preceptos de orden constitucional, así como la normativa jurídica que rige su función pública.
Por lo anterior, se ha ordenado la remoción del cargo de dicho persona que labora en esta fiscalía.
Diputados quieren más
Tras el cese de 11 servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia, diputados del Congreso Local dijeron no estar conformes porque son muchos los funcionarios que participaron en la recolección de las Bronco Firmas.
Ramiro González Ramírez, coordinador de la bancada de Morena señalo que a pesar de ser un solo delito todos los que participaron son culpables, hayan obedecido órdenes o lo hayan hecho voluntariamente.
«Que buen avance y que bueno que se combata esto y que de alguna manera los funcionarios que físicamente lo hicieron y que estuvieron participando y que se comprobó que son hechos ilícitos tienen que pagar todos».
«La situación del Gobernador al final del día es otro proceso por ser la investidura, mas sin embargo, insisto el delito es nada más uno y todos los que estuvieron alrededor, hayan recibido instrucciones, todos son culpables», dijo.
