Con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y garantizar la seguridad de las personas procesadas y de sus familias, el Congreso del Estado aprobó modificaciones de reforma para homologar los delitos contra la administración de justicia cometidos por Servidores Públicos.
La diputada Itzel Soledad Castillo Almanza, integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, señalo que en el sistema de justicia predominan los derechos fundamentales de víctimas y personas imputadas.
Con esto se crean nuevas figuras y mecanismos procesales, como los servicios previos al juicio, los medios alternativos de resolución de controversias, las suspensiones condicionales del proceso a prueba y los procedimientos especiales, buscando que se traduzca en mayor transparencia y eficacia, a un menor costo en recursos públicos, tiempo y carga para las partes implicadas en el conflicto penal.
«Se reformó por modificación el artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se le otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir la Legislación Única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regulan en toda la República Mexicana en el orden federal y en el fuero común», dijo.
Con los cambios se consideran delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos el no dictar auto de vinculación a proceso o de libertad de un detenido dentro de los setenta y dos horas siguientes a que lo pongas a su disposición
