Tras las discrepancias por la reducción de presupuesto entre la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno del Estado, finalmente ambos llegaron a un acuerdo satisfactorio.

En las negociaciones, la administración estatal aceptó el recurso reclamado que asciende a 413 millones 765 mil 274 pesos. 

Para solventar el dinero faltante, el Estado entregó cinco inmuebles valuados en 116 millones 808 mil 271 pesos a la Fiscalía, como también más de 222 millones de pesos a capital de gasto corriente. 

Para este año son 267 millones en capital de gasto corriente y 71.6 millones de pesos en inversión.

Como parte de la negociación, la Fiscalía aportó 140 millones 876 mil 714 pesos al combate de la pandemia por el covid-19. 

Por tal motivo, Gustavo Adolfo Guerreo Gutiérrez, titular de la fiscalía informó al Congreso del Estado que la controversia constitucional que había promovido y ganado quedaba sin efecto.

Claudia Tapia Castelo, presidenta de la Comisión de Presupuesto dijo que el oficio se recibió el pasado jueves.

Señaló que de acuerdo en lo expuesto por el funcionario estatal llegaron a un acuerdo y este se firmó el seis de octubre.

“Por medio del presente oficio me permito acompañar copia certificada del Convenio en

Materia Presupuestaria celebrado el 6 de octubre de 2020 por la Fiscalía General de Justicia con el Gobierno del Estado, concertado con la finalidad de dar por terminado, en forma amistosa y mediante concesiones recíprocas, la controversia de inconstitucionalidad presentada por esta Fiscalía”.

“El citado convenio será presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado a efecto de que sea sancionado y elevado a la categoría de cosa juzgada”.

“Con lo que se atenderá, para todo efecto legal la resolución emitida por el Pleno de dicho Tribunal el 2 de diciembre de 2019, en el entendido de que el acuerdo de voluntades que presentó ante ustedes resuelve las peticiones de esta Fiscalía en lo que corresponde a nuestro Presupuesto de Egresos para los Ejercicios Fiscales 2019 y 2020″, indicó.

El 6 de diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia falló a favor de la Fiscalía General  en una controversia, obligando al Estado a entregar una partida de 3 mil 377 millones 316 pesos (una diferencia de 413.7 millones de pesos contra lo autorizado por las autoridades estatales) eliminada de manera unilateral dentro del recurso asignado a la Fiscalía General de Justicia.