Por Carlos Chavarría
Todos los días el presidente López Obrador revive falsos dilemas. En ocasión de las presiones nacionales y desde el extranjero para que se respeten los términos de apertura del sector energético pactados tanto en el TMEC como en las leyes mexicanas sobre la materia, que motivaron diversas inversiones del sector privado, el presidente arremetió, sin haber necesidad, sobre las bases conceptuales de la organización liberal de la economía.
El presidente dijo textualmente: “No nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos. A los que se les debe dar toda nuestra atención es a los públicos porque somos servidores públicos”. Declaración que encaja a la perfección para los años 40´s del siglo pasado, con un modelo económico estatista que ya probó su inutilidad para producir beneficios para la sociedad.
Si bien es verdad que el gobierno no tiene porque garantizar utilidades a nadie del sector privado, no puede sustraerse a las leyes vigentes y cambiar a su antojo las reglas del juego económico.
La declaración presidencial hace referencia a dos “negocios públicos” que son la CFE y PEMEX que están urgidos de recursos para subsidiar sus ineficiencias y la mejor manera que encontró el presidente de dárselos es explotando a la sociedad entera pero sin obligar a un saneamiento a fondo de estos dos monstruos burocráticos que ya hace mucho perdieron su vocación de reguladores estratégicos del mercado energético para convertirse en una carga muerta para todos.
No tiene sentido la posición del presidente habida cuenta de que la rentabilidad social y la privada no son excluyentes. La relación de costo-beneficio tanto de las inversiones en entidades de propiedad publica, como de las privadas, deben ser positivas pues de otra manera serán a la larga una carga para sociedad y de hecho las privadas se extinguen, pero las públicas son una carga social.
De hecho las ineficiencias de PEMEX y CFE han impulsado los precios de la energía y si las empresas privadas del sector energético han sobrevivido es porque los precios de la energía en México les permiten operar con rentabilidad, pero no a las oficiales.
Lo que quiere López Obrador es lo que se practicó en el pasado por los gobiernos mexicanos distribuidores (o regaladores) tratar de convencer a la gente de que sí hay lonche gratis lo que es por sí mismo un absurdo económico que ya nos hundió antes y que algunos gobiernos en Latinoamérica, como el nuestro, insisten en continuar como tesis económica.
Ya no tenemos la “renta petrolera” como fue en el pasado, para seguir con la gran mentira de los “negocios públicos”, ahora hay que enfrentar la realidad. Ya bien sabemos que la factura más temprano que tarde se tendrá que pagar.
