A casi dos años de su instalación, la Mesa para la Construcción de la Paz, Salud y Bienestar Social en Nuevo Leónllegó ayer a su reunión número 500.
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, presidieron la reunión virtual que en lo que va del año ha permitido reducir en un 4.7 por ciento el delito de homicidio, 31 por ciento el robo a negocio y 21 por ciento los robos en general.
Lo anterior en coordinación con autoridades federales, municipales, iniciativa privada, y organizaciones de la sociedad civil.
«Nuevo León es un estado extraordinario por mil razones una de ellas es la gran responsabilidad que cada uno de los integrantes de esta mesa tiene al cumplir todos los días y estar presentes para conocer, ver y trabajar en lo que debe ser Nuevo León, un estado seguro y tranquilo».
«Quiero felicitarlos a todos, este día, y agradecerles por su trabajo porque finalmente es un trabajo de equipo, nada funcionaria sin el trabajo de ustedes», expuso.
Actualmente, Nuevo León ocupa el lugar número 19 en la incidencia delictiva nacional por cada 100 mil habitantes.
Se realizaron también 400 acuerdos y 50 acciones relevantes.
La implementación del Operativo Metropolitano «UNIDO» y el Convenio de colaboración entre los municipios, la Universidad de Ciencias de la Seguridad (UCS) y el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC) para el fortalecimiento policial, son algunas de ellas.
Además de la estrategia conjunta para la prevención del robo de hidrocarburo en coordinación con SEDENA, Guardia Nacional, Seguridad Física de PEMEX, Fuerza Civil y municipios colindantes con los ductos.
Otras son el traslado y la reubicación de internos para lograr el cierre del penal del Topo Chico, la estrategia conjunta para el recate de personas migrantes y atención a víctimas del delito son otras
Participan representantes de las Secretarías General de Gobierno, Seguridad Pública, Desarrollo Social y Economía; de la Fiscalía General del Estado; Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Delegación de Programas para el Desarrollo, además de representantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y las organizaciones Vertebra y Mesa Metrópoli.
