El senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se deslindó de las acusacionesrealizadas por Emilio Zabadúa, exfuncionario federal que aseguró que los recursos desviados a partir de la llamada Estafa Maestra se usaron para promocionar la imagen del expresidente Enrique Peña Nieto, de Rosario Robles y del propio legislador priista, quien durante el sexenio pasado se desempeñó como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En una carta, Osorio Chong dijo que las imputaciones realizadas por Zabadúa son «absolutamente falsas», y que se trata de una persona que busca evadir la acción de la justicia con calumnias y mentiras que involucran a terceros.
Añadió que no existen pruebas en el caso debido a que jamás utilizó recursos públicos de forma indebida. Aseguró que no puede quedarse callado ante este tipo de señalamientos y dijo que el periódico Reforma, uno de los medios encargados de difundir el reporte, no lo consultó sobre la denuncia en su contra.
Aclaró que confía en las investigaciones en curso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y reiteró su disposición a colaborar con el deslinde de responsabilidades correspondiente. «Advierto que nunca hice precampaña o campaña alguna y mucho menos con recursos públicos. Solamente me dediqué a cumplir con mis funciones como Secretario de Gobernación»Miguel Ángel Osorio Chong
Cabe recordar que Emilio Zabadúa se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante las respectivas gestiones de Rosario Robles, quien desde agosto de 2019 está presa por una acusación de ejercicio indebido del servicio público, en su calidad de omisión.
Según el reporte del diario Reforma, el exfuncionario federal estaría colaborando con la FGR en la búsqueda de un «criterio de oportunidad», a fin de poder evitar la cárcel como parte del esquema de desvíos conocido como la «Estafa Maestra», en donde la Sedesol y la Sedatu asignaron contratos, por servicios que no se realizaron, a universidades públicas y medios de comunicación estatales.
