Representantes de organismos del sector empresarial, hicieron un llamado al gobierno de México, para establecer un “tope” en el reparto de utilidades, y se trabaje en un mecanismo que permita cambiar la fórmula con la cual se calculan los montos que se deben entregar a los trabajadores, para atenuar los efectos que pueda tener una reforma en materia de subcontratación.

Así lo pidieron de manera conjunta el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Durante su participación en el Parlamento Abierto sobre el outsourcing, que se realiza en la Cámara de Diputados, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del CCE señaló que el mismo gobierno federal ha reconocido la necesidad de establecer topes en el reparto de utilidades.

De la misma forma, destacó que es conveniente que se permita la deducibilidad del pago de prestaciones legales y extra legales, pues con ello se podrá ayudar a fomentar la transición de la informalidad a la formalidad, que se obliga a partir de la reforma.

Al respecto, Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex afirmó que la subcontratación genera competitividad entre las empresas, por lo cual coincidió en que para atenuar los efectos de la reforma, se debe establecer un tope respecto de la participación de los trabajadores en las utilidades.

No obstante, también hizo un llamado para redoblar los esfuerzos con la finalidad de lograr disminuir la informalidad, donde recordó, no existe el pago de impuestos ni protección social a los trabajadores.

Al asegurar que la principal razón por la cual se han registrado abusos por parte de algunas empresas, se debe a la impunidad generada por la falta de verificación de las autoridades, Guajardo aseguró que prohibir la subcontratación, a pesar de una actividad lícita, es inconstitucional.