Por Félix Cortés Camarillo
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Don David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, tiene en estos días un dilema muy fácil de resolver. Si los datos que dio a conocer sobre la mala administración del gobierno de la cuarta simulación están exagerados como dice el presidente López, que “tiene otros datos” debe renunciar a su cargo por incompetente. La incompetencia no se circunscribe a las cualidades del jefe. Por extensión, si un jefe se rodea de incompetentes eso le hace incompetente al jefe mismo.
Si, como todos creímos en primera instancia, sus cifras por miles de millones de pesos que fueron mal ejercidas por el gobierno, o se ocultaron deliberadamente a los auditores son correctas, pero luego fueron reculados por el señor Colmenares Páramo admitiendo que las conclusiones del organismo que encabeza no eran certeras, debiera renunciar porque evidentemente está cediendo a una presión del presidente de México. Que ni siquiera es su jefe, porque la ASF depende teóricamente de la Cámara de Diputados. Pero todos sabemos cómo se manejan las cadenas de mando –¿cuáles cadenas?, la cadena– en estos tiempos.
La Cámara de Diputados está más que dispuesta a aprobar en dos, tres días la petición de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado libre y soberano de Tamaulipas, eso se dice, por delitos de corrupción y lavado de dinero entre otros. Con presteza lo hará, aunque en este caso por ahora se la van a persignar en Palacio Nacional porque para crucificar a Cabeza de Vaca, ello lo tiene que hacer el Congreso del estado norteño.
Yo no me atrevería a meter la mano al fuego por la honestidad de ningún gobernador de un estado de la república. Ni por la del presidente del país. Pero ese no es el tema.
El tema es que el cambio de dictamen de la Auditoría o la docilidad del Congreso de la Unión que aprobó ayer, sin cambiar ni una coma, como ordenó el presidente López, la contrarreforma energética para eliminar la competencia en la generación de energía y de paso dotar de gruesos fajos de billetes a la CFE y a Pemex y a los pulmones de los mexicanos de pesadas dosis de contaminación ambiental, son solamente lo evidente del iceberg de intolerancia dictatorial que campea en el manejo del Estado mexicano de hoy.
La estrategia del presidente López es el desmantelamiento de todas las instituciones de nuestro país: en su lista estaba el Congreso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la de Competencia, la de Telecomunicaciones y la de transparencia informativa. Y lo está logrando. Siguen el Instituto Nacional Electoral, para volver a las elecciones manejadas desde la secretaría de Gobernación y el INEGI, fuente única que persiste para obtener información válida sobre lo que está pasando en nuestro país.
Todas estas instancias mediáticas parecen estar regidas por una estupenda y hábil maniobra para desviar la atención de los mexicanos de los problemas que realmente importan: la crisis de la pandemia, en cuyo medallero mortal llevamos medalla de plata después de los Estados Unidos y Brasil, los apagones que nos afectaron y nos amenazan, la imposición de Félix Salgado Macedonio, compadre del presidente López, como gobernador de Guerrero, el caso Odebrecht o el problema del desempleo que nos está matando.
El apoderamiento gradual de todas las instituciones dignas del país que nos hemos dado en un lento proceso en busca de la democracia y que están siendo destruidas por sistema, están a punto de encender un fuego, si no es que ya lo hizo, sin que nos diéramos cuenta. La cosa es si vamos a esperar a que lleguen los bomberos.
PREGUNTA para la mañanera, porque no me dejan entrar sin tapabocas: con todo respeto, señor presidente: ¿cuál es el próximo gobernador que no le gusta, en su lista de acusados?
