Por Félix Cortés Camarillo.
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A muchos nos ha resultado ciertamente difícil adecuarnos a los nuevos recursos que la tecnología ha puesto a disposición para nuestro trabajo y vida pública. Por ejemplo, a doña María Merced González, senadora de la república por Morena, «se le salió» un mensaje que ella pensaba llegaría sólo a sus compañeros de pandilla, pero que pudieron ver todos los senadores: les transmitía la instrucción presidencial comunicada por el senador Ricardo Monreal, sobre el interés de López Obrador en torno a los resultados electorales en Nuevo León y Jalisco.
No es para llamarse a sorpresa: las explícitas intervenciones del presidente López al interior de los poderes legislativo y judicial son escandalosas y claras. El peso específico que a nivel nacional tienen Jalisco y Nuevo León es también indudable.
Lo que ha llamado especialmente la atención es la frecuencia con la que en los últimos días se ha escuchado el término golpe de estado en México. Sin contar a las voces críticas que en los medios de comunicación se escuchan y leen sobre esa probabilidad, ahora el concepto deambula por bocas tan diferentes como las del presidente López y el diputado por Morena Porfirio Muñoz Ledo.
Para cada uno de esos opinadores un golpe de estado significa cosas distintas. Para los periodistas de vocación democrática, las continuas y groseras intervenciones, agresiones o amenazas del poder presidencial en otras instancias de gobierno o administración desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el Instituto Nacional Electoral, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación o el Poder Legislativo, entre muchos otros, equivalen a un golpe de estado incruento.
Para el presidente López, si no le aprueban los diputados -que naturalmente la van a aprobar, qué carajos- la prolongación al mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, sería un golpe de estado en su contra, como lo sería cualquier postura que difiera de su rígido catecismo.
Tanto monta, monta tanto, lo denunciado por el último político de peso que queda en este país. Porfirio Muñoz Ledo acusa hacia el interior de Morena, sin mencionarlo por nombres, al grupúsculo que lo defenestró en su intento por hacerse del mando en ese dizque partido político. Ahí se inscribiría la manipulación de las cámaras de Diputados y Senadores y el sabadazo que prolongará el mando del supremo juez Zaldívar al frente de la SCJN.
Sea quien sea el impulsor y sus ejecutores, hay el peligro enorme de un golpe de estado en México. Es la última llamada para impedirlo por el único camino que nos queda, el voto el 6 de junio próximo.
REFLEXIÓN para la mañanera, porque no me dejan entrar sin tapabocas: Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Atos Hornos de México, salió de la cárcel el otro día a bordo de una millonaria camioneta Mercedes Benz G 500 4×4, obviamente blindada y con chofer, llevando en ristre un puro, que dudo en establecer si era un No. 4 de Montecristo, un Churchill de María y Julieta o un Lancero de Cohiba, todos orgullo de Cuba.
Salió en libertad porque él -dice su abogado que la empresa- se comprometió a regresar al gobierno de López más de 216 millones de dólares como reposición por el sobreprecio al que vendieron a Pemex una planta de fertilizantes. No se ha pagado un peso.
Hay en las cárceles de México miles de ladrones que robaron muchísimo menos, que siguen presos con lentos procesos o sin sentencia, y que no tienen dinero ni para una cajetilla de Delicados o contratar un abogado.
Lo cual me lleva a una duda: ¿será que la justicia en México tiene un precio y que ella sólo existe para los que pueden pagarlo?
