Por Eloy Garza González.
Año 2010. A Greg Sánchez le levantaron una averiguación previa por delincuencia organizada cuando se postulaba como candidato a gobernador de Quintana Roo. Era el aspirante más popular: convocaba multitudes y sus apariciones tenían un dejo casi místico. Rompía estereotipos y por lo visto, también rompía con la Ley. En mitad de su campaña fue detenido y consignado. No pudo acabar en libertad el proceso electoral. Las encuestas lo ubicaban con más de 12 puntos de diferencia de su contrincante: Roberto Borge.
Hace un par de años entrevisté a Greg en CDMX cuando publicó sus memorias (pésimamente escritas) y la charla giró en torno a lo mismo: su detención fue una infamia para sacarlo de la contienda y arrebatarle por la mala la gubernatura. Nunca se repuso de tamaña afrenta. Volvió como candidato y ahora lo detuvieron de nuevo. En el año 2010, Quintana Roo bailó la cumbia de las elecciones judicializadas.
Año 2016. David Monreal se había lanzado por segunda ocasión como gobernador de Zacatecas. La primera vez lo postuló el PT y la segunda, Morena. El órgano electoral le marcó irregularidades. Una lista larga y soportada con acusaciones como pedir el voto mediante una especie de tarjeta rosa. En mitad de su campaña, le quitaron el registro de su candidatura. David y su hermano Ricardo no la dejaron ir. Se defendieron por lo legal y por lo político. Como gatos boca arriba. Como políticos curtidos. Finalmente, el Tribunal Electoral de la Federación le devolvió la candidatura a David, pero el daño ya estaba hecho. Ahora David vuelve por sus viejos fueros y sus expectativas son amplias, con todo y nalgadas y polémicas de regalo del hermano por teléfono. En el año 2010, Zacatecas bailó el huapango de las elecciones judicializadas.
Año 2021. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República inicia carpeta de investigación en contra de Adrián de la Garza, Samuel García y familiares cercanos de este último. Los delitos giran en torno a la compra y coacción del voto mediante la tarjeta rosa que ofrece Adrián a las mujeres por 1,500 pesos bimestrales (Adrián), y a las aportaciones de campaña con fines ilícitos, utilizados para fines de campaña (Samuel). En mis anteriores artículos adelanté con datos duros que esto pasaría a principios de esta semana. El vaticinio se cumplió. Dice la FEDE alevosamente que en estos casos la Ley prevé prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales. A uno de los candidatos, AMLO ya le asegura que le dará salida rápida. El otro candidato, en cambio, tendrá la cuesta más empinada.
Busqué ayer mismo a Adrián y a Samuel para pedirles su opinión personal sobre este giro judicial tan sorpresivo que tomaron sus campañas, pero no tuve éxito. Lo dicho: en el año 2021, Nuevo León bailará la norteña de las elecciones judicializadas. Mañana les explico a mis lectores que pasará con esta contienda en curso.
