La reciente mega-investigación periodística que reveló más de 12 millones de documentos con información de personas que sacaron el dinero de sus países para llevarlo a paraísos fiscales, llamado Pandora Papers, corre el riesgo de tener la misma suerte que los escándalos anteriores, como el Panama Papers y el Andorra Papers, quedar en un escándalo mediático que, en el mejor de los casos sirve para que las autoridades locales logren fincar algunas responsabilidades sobre quienes actuaron ilegalmente.

En este tipo de casos es fundamental reflexionar para ubicarnos en lo que es ilegal y lo que no lo es, así como en lo que es inmoral e injustificable, considerando que se van a encontrar de todo.

En realidad, no tiene nada de malo que una persona decida mover sus activos de lugar para proteger el patrimonio, si así lo considera conveniente. Si alguien ha ganado dinero legalmente, ha pagado sus impuestos y decide formar una empresa off-shore, o un fideicomiso patrimonial en Islas Vírgenes Británicas para colocar ahí sus bienes, está muy claro que no hay delito que perseguir. Esa simple acción no es ilegal, inmoral ni deleznable.

El primer problema estriba en la procedencia del dinero que las personas colocan en estos paraísos fiscales; el segundo, en aquellos que deciden hacerlo antes de pagar los impuestos que legalmente les corresponde cubrir en el país donde lo ganaron, por haber tenido superávit financiero en sus actividades.

Este esquema lo usan mucho para comprar bienes en los Estados Unidos, evitando generar una carga fiscal en ese país. Así, forman una empresa en un paraíso fiscal, esta empresa adquiere un condominio en Miami y se ahorra una buena carga fiscal en ese país. Si bien este mecanismo perjudica a la hacienda pública estadounidense, no representaría una violación de las leyes mexicanas.

Entonces, ¿Cuál es la razón por la que la Unidad de Inteligencia Financiera ya se encuentra investigando la información de los Pandora Papers en relación con los mexicanos que aparecen ahí? En realidad la UIF estará investigando dos cosas con respecto a estos fondos: Su origen y su comportamiento fiscal, a fin de determinar si pudiera existir algún delito de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o evasión fiscal.

Los documentos señalan a una buena cantidad de empresarios, exfuncionarios o familiares de estos utilizando este esquema para diferentes fines. La mayoría de los señalados públicamente son personas que hicieron su dinero al amparo del poder público y que muy probablemente hayan decidido no pagar los impuestos correspondientes, amparados en esa influencia, como los amigos cercanos de Peña Nieto, quienes seguramente tendrán varias citas con la Maestra Raquel Buenrostro en el SAT.

De los más de 3 mil señalados como era de esperarse, los 3 que han recibido una enorme publicidad de parte de los medios chayoteros son el senador Guadiana de Morena; el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; y el secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jorge Arganis. Uno de ellos tiene 3 años como senador y toda su vida como empresario minero exitoso; otro estuvo casi 3 años como funcionario y toda su vida como empresario exitoso de los medios de comunicación; el otro trabajó toda su vida como técnico relevante en ICA y tiene 2 años en el gobierno.

Seguramente todos están bajo investigación de la UIF y una vez que demuestren cuándo y cómo ganaron el dinero, así como los impuestos que pagaron antes de sacarlo, se verá si incurrieron o no en algún delito, porque todos ellos tienen derecho a cambiar su patrimonio de lugar; hasta los ladrones de sexenios pasados, de cuya delincuencia patrimonial no existe ninguna duda.

Como dijo el filósofo alemán Immanuel Kant: “El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos”.