Por José Jaime Ruiz
josejaimeruiz@lostubos.com
@ruizjosejaime
El drenaje que está brotando de la administración de Jaime Rodríguez Calderón afecta a funcionarios y exfuncionarios. El asunto de los casinos es una maraña que deviene en punta de un iceberg de corrupción e impunidad. Y, sin embargo, no se puede catalogar a los dueños de las casas de apuestas como ovejas, corderos o blancas palomitas. Existió connivencia entre el gobierno del Bronco y estos establecimientos: ellos fueron cómplices, no víctimas.
Casinos, restaurantes y hasta fonditas violaban durante el sexenio pasado la ley impuesta para los fumadores. La Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, dependiente de la Secretaría de Salud del estado, fue el brazo ejecutor de la extorsión, pero no los extorsionaban sin su consentimiento. Al propiciar un ambiente fumador, sucedía que casineros y restauranteros transgredían la ley para obtener más ganancias, fueron copartícipes de una ilegalidad.
“Nos manifestamos dispuestos a apoyar las acciones que realice la autoridad correspondiente para erradicar la extorsión a las salas de juego”, dicen. Y, sin embargo, a los casineros y restauranteros no les pedían piso por sus negocios. Lo que hubo fue extorsionar desde la ilegalidad en que incurrían al aceptar fumadores en sus recintos. Y, como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata.
Los casineros también quieren rectificar el veto realizado por el gobierno del Bronco a la ley aprobada por el Congreso que atendía los derechos de los fumadores sin afectar a terceros: “Reiteramos nuestra voluntad para colaborar con los poderes Legislativo y Ejecutivo en la construcción de una ley clara y justa para todos”.
Lo que quieren es una ley a modo y, para ello, tienen el respaldo de grandes compañías, como la British American Tobacco. Por la pandemia es imposible que existan fumadores en lugares cerrados. No sé si algún medio de comunicación ha verificado si los establecimientos de estos giros siguen violando impunemente la ley.
Hay otras dependencias que dan asco, como mencionó Samuel Alejandro. Ahora sale a relucir el caso del Fovileón donde para obtener una vivienda, los trabajadores del estado tenían que dar una comisión sordeada entre el 7 y el 15 por ciento. Además, y esto es lo más grave, se señala al titular del fondo como acosador y quien solicitaba “intimidad” a las trabajadoras para obtener el préstamo. Hasta ahora, se sabe, no hay ninguna denuncia ante el ministerio público y una burócrata sólo asegura que la acosaban mandándole mensajes por la noche para que fuera a comer con el funcionario o echarse un café. Esto no demuestra ninguna “intimidad”, demuestra, en todo caso, un acoso.
El gobernador constitucional debería ser más responsable, sobre todo si no se han integrado y presentado las carpetas, en defender a restauranteros y casineros, cómplices de violaciones a la ley, y no apresurarse en condenar a funcionarios o exfuncionarios sin tener las pruebas, los pelos de la burra en la mano, como en el caso de Fovileón.
Entiendo que Samuel Alejandro quiere limpiar lo que da asco, brotarán muchos drenajes apestosos del sexenio del Bronco. En su ejercicio de plomería, de fontanero, de limpieza, el gobernador tiene que acordarse que “los plomeros trabajan en ambientes húmedos, por lo que se recomienda usar calzado apropiado para evitar resbalones, tropezones y caídas”. Espero, Samuel Alejandro, que te hayas calzado las botas adecuadas para esta tarea y que, con ello, no existan resbalones, tropezones o caídas. Gober, ¡aguas con el drenaje!
