Por unanimidad, el pleno del Congreso Local rechazó el veto a la Ley de Isssteleón aplicado por el ex Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón y la aprobó por segunda ocasión.
De esta forma, los esposos o concubinos de las trabajadoras del Estado tendrían los mismos beneficios que los de los burócratas varones, cosa que el ex mandatario no avalo al considerar que esto no era factible e impactaría en las finanzas estatales.
Cabe destacar por tratarse de un mandato de la Suprema Corte, y en términos de una igualdad de derechos, no podían priorizarse las cuestiones presupuestales, y que, por ello, el veto no podía aceptarse ni total ni parcialmente.
«La Septuagésimo Sexta Legislatura rechaza las observaciones presentadas por el Ejecutivo del Estado al Decreto 530 de fecha 19 de julio del 2021», se establece el el dictamen leído por el Diputado Carlos Rodríguez, de Movimiento Ciudadano.
«En razón de lo anterior y en cumplimiento de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 247/2020 en lo que respecta al decreto 342 se reforman los incisos a y c de la fracción cuarta del artículo 3 y la fracción 1 del artículo 106 y se deroga el inciso b de la fracción cuarta del artículo 3 de la Ley del Isssteleón».
«El Bronco» vetó reformas de paridad
En aquella ocasión los legisladores locales aprobaron una serie de modificaciones a la ley de la paraestatal de salud.
Pero el Gobernador, Jaime Rodríguez, vetó las reformas relacionadas a permitir que las mujeres empleadas también pudieran registrar como beneficiarios a sus esposos e hijos, como así lo hacen los empleados hombres.
Ante esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se unió a los cuestionamientos a la nueva Ley de Isssteleón y promovió una acción de inconstitucionalidad. contra el artículo 3, fracción IV, que impide que los cónyuges de las burócratas puedan tener los beneficios del servicio médico de dicho instituto.
La CNDH considera que ese apartado de la legislación estatal viola derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el acceso a la seguridad social.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia invalidó preceptos de la Ley de Isssteleón, por considerar discriminatorio establecer requisitos diferenciados para hombres y mujeres burócratas en el acceso a los beneficios de seguridad social del instituto.
Aunque el dictamen debería de ser aprobado por el pleno del Congreso del Estado, con dos terceras partes de los votos, para que sea obligatoria su publicación en el Periódico Oficial del Estado y su entrada en vigor, el final de cuentas fue avalado por unanimidad de los 42 diputados.
