Por Carlos Chavarría

¿Qué influjo tiene el ejercicio del poder publico en México, que aún aquellos que nunca han participado en el servicio de la comunidad, una vez que reciben su nombramiento, se transforman en rufianes, o en burócratas diletantes y superficiales en su función?

Veamos el caso de Lozoya. Un abogado y economista con estudios de posgrado en Harvard, con amplia experiencia en el sector financiero, que proviene de una familia bastante acomodada, cuyos ancestros recientes llegan hasta la familia revolucionaria. Un joven, que no parece tener necesidad de robar, una vez que llegó al poder en PEMEX, de inmediato armó y participó en un  esquema para robar fondos públicos.

Veamos ahora el caso Metrorrey, la empresa de propiedad pública estatal que opera el metro ligero. Todavía no se olvida aquel incidente de los costales con «morralla» que eran sacados de las oficinas y estaciones. Cuando ahora, el recién nombrado director general se ve envuelto en un escandaloso conflicto de intereses.

Los de estos ejemplos, son personas con una trayectoria intachable, que al momento que tuvieron el poder absoluto, cayeron en la trampa de querer tapar el sol con un dedo… y resultan sorprendidos.

Si la misma ONU creó una rama de su acción para luchar contra la corrupción, es que este fenómeno es un flagelo que azota al mundo entero y la lucha contra la misma debería ser impostergable. Pero pareciera que en México, a quienes suponemos como nuestros mejores hombres, pues deciden entregarle su esfuerzo  al servicio publico, padecen de alguna maldición totémica que los trastorna y los lleva a violentar los valores éticos mas elementales, en favor de su codicia desmedida. Pretendiendo al mismo tiempo el ocultamiento de sus actos, para aparecer como gente respetable.

Cuando un funcionario público se ve envuelto en hechos corruptos, todo impulsado por el loco afán de tener más riqueza en un claro sacrificio de su moralidad, a manos de la egolatría narcisista mas íntima que los motiva, cometen un delito mas grave, que es el alimentar la desconfianza de una sociedad. Esta, que poco a poco ve destruidas la bases de la solidaridad mínima necesaria para considerarnos como tal, como una sociedad que se une para resolver los asuntos que nos afectan a todos.

En los últimos tiempos vivimos, además, la banalización del cargo público y no se ven esfuerzos para combatirla. La función pública, otrora valorada por sus nobles fines, ha sido desprestigiada hasta ser objeto de mofa social.

Para el desarrollo de la corrupción debe existir abuso de poder. Éste aflorará, en especial, en aquellas organizaciones en las que se otorguen poderes monopolísticos en la toma de decisiones de un servidor publico. A mayor concentración del poder, mayor discrecionalidad y facultad para manipular los procedimientos de control.