La Secretaría de la Función Pública (SFP) gana juicios. Inhabilita 10 años a Francisco Báez, exfuncionario de Sedatu. Tendrá que reparar millonarios daños
La Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que un involucrado en la llamada Estafa Maestra tendrá que reparar millonario daño causado, mismo que asciende a 158 millones de pesos. Además, lo inhabilitó durante 10 años.
Se trata del extitular de la Dirección General de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Francisco Javier Báez Álvarez.
Esto, por incurrir en irregularidades administrativas y ocasionar un daño patrimonial por más de 158 millones de pesos, indicó la SFP.
Investigaciones
Además, se detalla que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedatu emprendió investigaciones en contra del aludido, como resultado de una observación del órgano auditor superior.
Por ello, durante las indagatorias se hallaron diversas irregularidades por las cuales se determinó imponer la sanción en 2018.
Esto, tras acreditar que en 2015 Báez Álvarez omitió cumplir con sus responsabilidades como encargado de la Dirección General de Programación y Presupuestación.
Lo anterior, al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales, originando el uso indebido del mismo, detalló la SFP.
Recursos
Dicha omisión permitió que indebidamente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos.
Mismos que supuestamente eran para otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
Sin embargo, Función Pública señaló que no obstante, dicha ampliación fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino.
Tales conductas constituyen faltas administrativas según lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Así como el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, detalló dependencia.
Juicio
Ante el juicio de amparo que Francisco Javier Báez había interpuesto, el OIC realizó investigaciones para defender la legalidad de la resolución, según indica el texto de la SFP.
Finalmente, la sanción fue confirmada por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual emitió una ejecutoria y sobreseyó el juicio.
Previamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), también resolvió confirmar la inhabilitación y la multa, al resolver la demanda de nulidad solicitada.
Además, indicó la SFP que dicha resolución ya fue notificada al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la ejecución del crédito fiscal.
