Para fortalecer y mejorar la calidad de vida de los menores, Nuevo León instaló una mesa de trabajo para agilizar la adopción de niños, niños y adolescentes institucionalizados.

En la Sala Jorge Treviño del Tribunal Superior Justicia, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó la importancia de modificar la legislación vigente para dar a estos niños su derecho a una familia.

Si bien con la ley anterior el proceso para adoptar se podría acotar a una semana, ahora resulta casi imposible; mientras que en la actualidad se prioriza que el niño permanezca con su familia, cuando no siempre es lo mejor.

«Tenemos que reformar algunas leyes, tenemos que cambiar algunos procesos en el DIF. Hay muchos mecanismos que si logramos alinear en unos meses, podemos dar mucho más luz», refirió el mandatario estatal.

Señaló que en el país existen 30 mil niños, niñas y adolescentes que se encuentran en DIF y casas hogares esperando ser adoptados; sin embargo, de 2016 a 2021 el DIF Nacional aprobó solamente 50 adopciones de 308 solicitudes.

Incluso, reconoció que en el DIF Capullos existe un alto índice de familias que regresan al niño o niña después de la acogida temporal y no terminan el proceso de adopción.

Sentido en el que realizó tres propuestas en torno a la posibilidad de más y mejores candidatos para adoptar a través de la figura del concubinato; además de contar con sistemas de información para que visibilicen los candidatos a ser adoptados y que la adopción no sea el último recurso.

«Esto va a ayudar no solo al DIF sino a cientos de cada hogar. Ningún niño o niña debe pasar su vida en el encierro», agregó al tiempo de comprometerse a tener el mejor DIF de la historia de Nuevo León.

Niños violentados y discapacitados tienen menor posibilidad de adopción

Mariana Rodríguez, titular de la Oficina Amar a Nuevo León, expuso ejemplos de niños y adolescentes del DIF Capullos que sufrieron violencia y abuso sexual en su seno familiar.

Detalló que hay 28 niños para adopción, 16 de ellos en proceso de integración a familias; y 12 menores, 11 con alguna discapacidad, que siguen en la institución.

Escenario que se complica dado que 57 familias interesadas en adoptar, 52 pusieron como requisito que el niño no tenga una discapacidad y un antecedente de violencia sexual.

 «Ahí tenemos algo qué hacer porque los niños no son un juego, no pueden rechazar a los niños de esa manera si ya los rechazó su propia familia biológica», manifestó.

Durante su intervención, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General de Justicia, conminó a no burocratizar el proceso.

Por último, Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, llamó a no hacer iniciativas que se conviertan en parches a la ley, sino una gran reforma que incluya todos los puntos.

«Propongo que se hagan iniciativas que se conviertan en parches a la ley. Ir mapeando cada uno de los proceso, saber quién interviene, los tiempos, para que una vez que veamos esas líneas de responsabilidad podríamos concluir una gran reforma».

«No se trata de ver cuántas iniciativas presentamos, sino que reforma construirnos», concluyó.