El hallazgo de 10 cuerpos en un predio baldío demostró que las autoridades locales han “dejado” que las bandas operen en la impunidad

En el municipio de Escobedo se encuentran las sedes de corporaciones de seguridad, tanto estatales como federales.

Ejemplo de esto son las oficinas delegacionales de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional, además del Campo Policial número 1 de la Fuerza Civil; informó MILENIO.

A pesar de eso, los grupos delincuenciales y con total impunidad, tal y como quedó demostrado con el campo de exterminio montado en un terreno baldío ubicado a tan solo 500 metros de la Presidencia Municipal.

Aparentemente las autoridades locales ni siquiera estaban enteradas de esta situación.

Lo anterior pudiera generar suspicacia y desconfianza de la comunidad. Ante esas condiciones, no se descarta que las indagatorias que realiza la Fiscalía pudieran extenderse más allá de aquel terreno que se ubica frente a la colonia Benito Juárez, hacia el norte de Escobedo.

La única frontera que separa al Palacio Municipal del área de las fosas es el río Pesquería. Un recorrido en vehículo entre ambos puntos no lleva más de cuatro minutos.

Lo cierto es que se calcula que, en el lugar, fueron asesinadas 15 personas; de acuerdo con MILENIO.

Hasta el momento se contabiliza la localización de 10 cadáveres, uno de ellos ya identificado, y cuatro más en proceso de ser reconocidos.

El único cuerpo que ya fue entregado a familiares es el de una joven de 22 años de edad, habitante de la colonia El Jaral, del municipio de El Carmen, quien desapareció el pasado 15 de enero, y por quien la Fiscalía General del Estado emitió en su momento un reporte de búsqueda.

Este miércoles, a una semana del inicio de la inspección, la búsqueda se extendió a un terreno aledaño, de iguales o mayores dimensiones que el ubicado frente a la colonia Benito Juárez.

Familias enfrentan falta de infraestructura

Tras el descubrimiento de fosas clandestinas en el municipio de Escobedo, grupos de familiares de personas desaparecidas han denunciado que las autoridades sufren carencia de personal, haciendo más difícil encontrar a sus seres queridos.

Lourdes Huerta, vicepresidenta del organismo ciudadano Buscadoras de Nuevo León, comentó que las instancias oficiales, como la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda, padecen de un grave déficit de personal para desarrollar su tarea y atender la demanda de los ciudadanos.

«Gravísimo. No hay gente en la Comisión (Local) de Búsqueda. No hay gente en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Se acaba de unir el grupo Antisecuestro para apoyar en los casos recientes… en los casos de este año. Pero estamos hablando que tenemos casos de 14 o 15 años atrás», señaló.

María del Socorro González Veda, integrante del grupo Eslabones Nuevo León, encontró los restos de su hijo en 2016, cinco años después de que ocurrió su desaparición; señaló MILENIO.

«Mi hijo, José Roberto Mendoza, fue desaparecido el 2 de abril de 2011, e identificado por ADN en diciembre de 2016. No hubo ninguna responsabilidad para nadie, ni se ha castigado ese delito. Nunca se dio con los delincuentes», dijo.