El Instituto de Movilidad y Accesibilidad reclama el incumplimiento de contratos por un valor de 364 millones de pesos durante el gobierno anterior
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León presentó ayer dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría del estado por presuntas irregularidades en la compra de 110 unidades de transporte contra los ex funcionarios públicos que resulten responsables y proveedores; publicó MILENIO.
En rueda de prensa, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, y José Manuel Valdez, director del Instituto de Movilidad, respectivamente, informaron que las denuncias involucran dos contratos por un monto total de 364 millones de pesos.
Informaron que para el primer caso se habrían de erogar 256 millones de pesos para la compra de unidades, y en el que se entregaron 51 millones de pesos de anticipo.
Sin embargo, se otorgó una prórroga en diciembre del año pasado y se incumplió la entrega de 25 unidades.
Además, denunciaron diferencias en las unidades por las que pagaron originalmente a las recibidas, y que fueron de peor calidad para Rutas Exprés.
“Se pagó un anticipo de 51 millones de pesos y se otorgó una prórroga para entrega en diciembre, pero se incumple con la entrega de 25 unidades de transporte.
“(Entre las irregularidades detectadas) se presume que la autoridad fue omisa en aplicar la pena convencional contenida en el contrato, misma que asciende a 7 millones 94 mil 400 pesos. También se encontró una diferencia entre las unidades contratadas y las efectivamente recibidas, y existe una presunta irregularidad en el otorgamiento de la fianza”, dijo Villarreal.
En este segundo contrato, el gobierno estatal otorgó prórrogas en mayo de 2021 para la entrega de las unidades nuevas y al final se incumplió su entrega; de acuerdo con MILENIO.
Por ello, dijo Villarreal, se optó por anular el contrato en enero pasado.
“Se pagó un anticipo de 21 millones de pesos, pero en mayo de 2021 se otorga una prórroga de 200 días la cual se incumple. Ese contrato la actual administración lo rescindió, por lo tanto, se presume que la autoridad incurrió en irregularidades al variar las condiciones de entrega con posterioridad.
“Es decir, a los licitantes se les dijo que las unidades debían tener las unidades en 90 días y después de que se asigna el contrato le dan una prórroga de 200 que se incumple”, señaló. Ninguno de los funcionarios reveló el nombre de las empresas participantes en los contratos.
