Durante una audiencia de presentación de argumentos, México reiteró ante el juez que los fabricantes de armas saben, al menos, desde hace 30 años que su producto es traficado ilegalmente por la frontera.
Durante una audiencia de presentación de argumentos orales realizada este martes en Massachusetts, México reiteró ante el juez que los fabricantes de armas saben, al menos, desde hace 30 años que su producto es traficado ilegalmente por la frontera gracias a comercio negligente y no hace nada para remediarlo; informó MILENIO.
«Estas empresas saben que presta nombres, que compradores múltiples, una persona comprando diez fusiles, comprando diez pistolas o comprando lunes, martes miércoles, en la misma tienda, en el mismo centro de distribución las armas y después esas armas aparecen en México, las empresas lo saben y no hacen nada para remediarlo. Y no es algo de hace un día, son dos décadas, tres décadas de esta práctica constante», explicó el consultor jurídico de la secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio.
Cuestionado al respecto en una conferencia de prensa realizada al terminar la audiencia en Massachusetts de este martes, Alejandro Celorio explicó que, la negligencia de las ocho empresas fabricantes de armas demandadas radica en que ,a pesar de que tienen conocimiento de que sus armas terminen en manos de delincuentes en México, no hace nada para evitarlo.
«Aquí, nosotros reiteramos que, estamos cuestionando a las empresas por su negligencia. No monitorean, no sancionan a sus distribuidores y los vendedores de sus productos cuando saben que sus armas están en México y son utilizadas para lastimarnos. Ahí radica su negligencia, no es únicamente en que le estén vendiendo directamente a los criminales, es que sabiendo y podiendo prevenir el uso por criminales no lo hacen», subrayó.
Aseguró que, por su parte las empresas demandadas insistieron con el argumento que han presentado desde el inicio de sus alegatos en donde sostienen que México no ha podido acreditar el vínculo entre lo que pasa en Massachusetts y la violencia derivada de las armas que ellos venden producida en México; señaló MILENIO.
«Dicen las empresas demandadas que México no acredita el vínculo entre lo que pasa en Massachusetts y lo que pasa en México. Nosotros en la demanda argumentamos, entre otras cosas, no es una cuestión nada más del daño o del conocimiento del daño, sino una cuestión de prever el daño. Esto bajo el marco jurídico estadounidense, hay una obligación de prever el daño que podría ocasionar cierta acción u omisión por parte de las empresas», reveló.
Detalló qué otros argumentos refrendados por la defensa de las empresas fabricantes y distribuidoras de armamento es que el gobierno mexicano no debería de ser aquel que emprende la demanda si no las propias víctimas que sufren el daño directo por sus armas.
«Cuestionan, por ejemplo, por qué el gobierno es el que demanda y no las personas que sufren el daño directo por una bala o herida por una bala de las armas de estas empresas», dijo.
En ese sentido abundó que la respuesta de México ha sido muy clara en sostener que existen precedentes de demandas emprendidas por otros gobiernos en este caso dos ciudades Boston en la propia Massachusetts dónde está radicada la demanda en contra de las empresas fabricantes de armas y Gary en Indiana, quiénes también han demandado a las empresas fabricantes de armas y en esos particulares casos no se ha cuestionado la capacidad de un gobierno para demandar por negligencia.
Sobre la audiencia en donde también participaron el consultor jurídico de la embajada de México en Estados Unidos, Guillaume Michel, y los abogados estadunidenses contratados por el gobierno mexicano, Steve Shadowen y Jonathan Lowy, el consultor jurídico de la cancillería detalló que fue citada por el juez de manera virtual por la pandemia de 3.
El objetivo de la audiencia, que duró cerca de hora y media, fue que el juez F. Dennis Saylor conociera de manera oral los argumentos que ya habían hecho las partes de manera escrita.
Celorio aclaró que la audiencia para presentar de manera oral algunos de los alegatos no fue al fondo del litigio pues todavía se encuentra en una etapa preliminar, y que más bien, en ella se refirió únicamente a las mociones de desestimamiento, desestimación o desechamiento de las ocho empresas demandadas por México.
«¿En qué consiste esto? Las empresas como partes demandadas presentaron sus defensas de manera escrita, y junto a sus defensas, defensas legales, le solicitan al juez que por considerar que sus defensas son lo suficientemente robustas, el juez tendría que detener el litigio y desestimar nuestros argumentos y ahí tendría que quedar el litigio», abundó.
Subrayó que, actualmente lo que se encuentra en juego es la decisión del juez respecto al avance o no de la demanda presentada por México a una siguiente etapa en el proceso judicial, lo que reveló qué sucederá en unas cuantas semanas en cuanto la corte terminé de revisar todas las documentaciones presentadas por ambas defensas; destacó MILENIO.
Contó que esta al ser una moción presentada por las ocho empresas demandadas, la defensa de los industriales fue la que inició la presentación de los argumentos en contra de México y que el juez Saylor antes de darle la palabra a las partes señaló que no emitiría una resolución desde la banca, es decir, el día de hoy .
Aclaró que la audiencia se dio en un ambiente respetuoso y que en ella se dejó a un lado cualquier argumentación de índole política y qué, más bien, se expusieron cuestiones técnico legales.
«Todo en un ambiente de mucho respeto, fue una discusión sobre cuestiones técnico-legales, un intercambio muy técnico, no hubo ninguna, para las personas que siguieron la audiencia pues lo podrán comprobar, no hubo ningún comentario respecto a cuestiones políticas o de la frontera o de aduanas; es simplemente argumentos legales», sostuvo.
