Por Claudia Tapia
La desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares son sucesos que atentan directamente de forma grave los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares e indirectamente lastima a toda la sociedad al ser acontecimientos que exhiben la debilidad de nuestras autoridades.
Es un hecho innegable que las autoridades federales, estatales y municipales tienen la responsabilidad jurídica, ética y social de garantizar nuestra seguridad y salvaguardar el orden público.
Pero, ante los desafortunados casos de feminicidios y la desaparición de niñas y mujeres resulta inevitable detenerse a pensar si tiene sentido o no continuar otorgando la potestad exclusiva de nuestra seguridad, de la procuración y administración de justicia a un gobierno rebasado e incapaz de asegurar nuestra libertad personal.
Ya que, a pesar de lo valiosa que es nuestra libertad, recordemos que parte elemental del contrato social que dio origen al Estado, fue el hecho de que sacrificamos una parte de nuestra libertad individual, para que a cambio fuera el Estado quien garantizara, mediante la ley y las instituciones: la vida, la propiedad y la libertad.
Sin embargo, hoy en los 51 municipios del Estado de Nuevo León estas garantías parecen que subsisten de manera intermitente solamente para unos cuantos, tal y como lo muestran las cifras publicadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en el que se señala que actualmente en nuestra entidad existen 6,172 personas desaparecidas y no localizadas de los cuales 4,384 son hombres y 1,787 mujeres.
Esta cifra coloca a Nuevo León en el cuarto lugar en el país con más casos de este tipo.
Al revisar en que municipios sucedieron el mayor número de desapariciones de las niñas y mujeres que continúan desaparecidas y no localizadas podemos constatar lo siguiente:
- Monterrey: 472 casos.
- Guadalupe: 155 casos
- Escobedo: 127 casos.
- Apodaca: 117 casos.
- Juárez: 101 casos.
Con esta información podemos observar que es el municipio de Monterrey en donde se han suscitado la mayor cantidad de casos de niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas, teniendo más del doble de casos que el municipio que le sigue en segundo lugar.
Se hace aún más evidente que el problema está fuera de control cuando San Pedro Garza García que alude ser el municipio más seguro del país tiene 25 casos de niñas y mujeres que continúan desaparecidas y no localizadas.
De igual forma, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su último reporte actualizado al mes de febrero de este año, muestra al municipio de Guadalupe en tercer lugar nacional con mayor número de feminicidios al registrar tres casos, así como a los municipios de Ciénega de Flores, Monterrey y Salinas Victoria en los lugares 19, 20 y 21 al registrar dos casos cada uno.
Así, cobra relevancia el papel que realizan los alcaldes y las alcaldesas en sus municipios para atender este flagelo, al ser las autoridades que en teoría se encuentran más próximas a la población.
Aunque desafortunadamente son estas autoridades las que han abandonado su obligación de brindar atención, asistencia y protección a las víctimas de desaparición y a sus familias, ya que, ningún alcalde o alcaldesa se ha pronunciado al respecto y mucho menos ha salido a explicar a la población de sus municipios que están haciendo para prevenir y atender esta terrible problemática que en muchas ocasiones acaban en feminicidios.
Y peor aún, es tal ineficiencia de las autoridades que pareciera tomar tintes de complicidad cuando por ejemplo nadie aclara porque no fueron capaces de montar un operativo y utilizar la tecnología disponible para que los policías municipales detuvieran a la persona que estuvo circulando por Monterrey y Apodaca en el carro de Marifer.
En un abrir y cerrar de ojos ha pasado un mes desde el incremento de casos de niñas y mujeres desaparecidas en la entidad que provocó la atención de toda la población, salvo la de los alcaldes y las alcaldesas que con su postura de silencio e inacción pareciera que piensan que son ajenos a estos sucesos que nos desgastan y preocupan a todas y todos.
Alguno de estos funcionarios tendrá alguna justificación importante como para explicar ¿Por qué no ha sido convocada a una sesión urgente la Mesa de Colaboración Metropolitana?
Es importante recordar que esta Mesa de Colaboración se conformó para resolver los temas de la metrópoli, por lo que es inexplicable que no haya sesionado para tratar estos asuntos, volviéndose necesario que se reúnan YA para replantear sus estrategias ante la evidente falta de resultados.
Sería denostable que el silencio y la falta de acción de su parte se deba a que están buscando que el costo político de estas atrocidades sea absorbido solamente por el Fiscal General y el Gobierno del Estado, pues en estos casos tan lastimosos se requieren hombres y mujeres de estado dispuestos a responderle a la ciudanía con soluciones a los problemas que les aquejan sin importar las consecuencias políticas que pudiera implicar.
A los alcaldes y las alcaldesas les debe quedar claro que si no son parte de la solución son parte del problema.
Por eso, ante su parálisis pareciera que quedaron atrás aquellas reuniones que las pasadas administraciones municipales hicieron con la Fiscalía General del Estado para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas o la implementación de acciones en conjunto con CADHAC como las Ventanillas Municipales de Atención a Víctimas de Desaparición, entre otros.
Es urgente que despierten para que en coordinación con las autoridades federales y estatales implementen acciones para prevenir y erradicar este problema, pues la protección de nuestra libertad personal está en sus manos y no está siendo garantizada.
En definitiva, son reprobables e inadmisibles las afirmaciones que aseguran que las niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas entran en esta condición porque no quieren avisar a sus papás en donde están, cuando lo que se requiere es un diagnóstico preciso que logre explicar por qué las autoridades municipales no han logrado implementar políticas públicas eficientes para mitigar la violencia intrafamiliar que en muchas ocasiones es el detonador de estos problemas.
Ya basta de su silencio y falta de acción que en definitiva los vuelve cómplices de los agresores de todas las niñas y mujeres víctimas de desaparición y feminicidio.
¡Cumplan con su deber!
