Por Félix Cortés Camarillo
Más de cuarenta años después de un litigio célebre en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, la causa ha retomado ímpetu. A esa controversia se le conoce como Wade vs Doe. Wade se el apellido de un juez texano y Doe es un eufemismo que se usa en los Estados Unidos para no dar a conocer el nombre del implicado, en este caso memorable la señora Norma McCarvey.
La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos resolvió el 23 de enero de 1973 por siete votos contra dos despenalizar en el país el aborto provocado, dividiendo por trimestres su permisividad: en el primer trimestre de embarazo casi sin restricciones; en el segundo con ciertas restricciones protegiendo la vida de madre y producto, como se le dice en la jerga, y en el tercer trimestre permitirlo sólo por excepción cuando la vida de la madre peligraba en extremo.
Los jueces actuales, algunos de ellos nombrados por el presidente Trump, preparan revertir ese veredicto. Y lo vana hacer.
No se trata de que se prohíba radical e inmediatamente el aborto; de darse la decisión, como se dará, dejaría a los gobiernos de los estados la autoridad para regular la práctica de un aborto, como sucede en la realdad actual. Siete estados, de los más conservadores, prohíben el aborto. Las mujeres de esos estados en esa desgraciada circunstancia, tienen que viajar a estados como California o Nueva York para abortar legalmente. Las que no pueden hacerlo suelen acudir a la práctica clandestina, de suyo harto peligrosa.
El asunto no es de carácter ético: no se trata de matar niños inocentes, como afirma la demagogia de las derechas en los Estados Unidos y en todas partes, como en nuestro país. En esa plataforma el principio ético fundamental es si la mujer es dueña de su cuerpo o no lo es y bajo su responsabilidad y juicio depende si se embaraza o no. El asunto aquí es político, y de coqueteo electoral para llevar de nuevo a Donald Trump al poder.
Para nosotros, en eso reside la advertencia que envía el tema del aborto al norte de las fronteras.
PILÓN PARA LA MAÑANERA (porque no me dejan entrar sin tapabocas): Con todo respeto, señor presidente: si la tercera parte del peritaje entregado al gobierno de la Ciudad de México por la firma especializada Det Norske Veritas, DNV, sobre el fatal accidente de la Línea 12, llamada “dorada” del Metro capitalino hace un año, no se hace del conocimiento público, ese hecho será la muestra más evidente del criminal encubrimiento de delitos y cínica burla de la ley que usted tolera en su gobierno. La misma señora Claudia Scheinbaum, su favorita delfina para la presidencia de la república en el 2024 se deshizo en elogios sobre la calidad de la forma noruega, su honestidad, solidez e incorruptibilidad, en junio del 2021.
Hoy, la señora Sheinbaum ha cancelado el contrato que ella misma firmó y va a someter a juicio a la empresa que fue su favorita, a la que no le pagará los veintitantos millones que le debe. ¿Por qué? Simplemente porque en el primer dictamen de los noruegos y en el segundo, entre las causas del percance están fallas estructurales en el diseño, y operativas en la colocación de pernos de la línea 12. El tercer y final informe incluye entre las causas del desplome del tren en Tlalpan al deficiente mantenimiento de la línea. No es eso lo que la señora Sheinbaum quiere leer en estos tiempos electorales, y como dice su segundo Martí Bartres, el que paga manda. Si el dictamen no corresponde con lo que el gobierno de la ciudad esperaba, el dictamen no vale.
Para ilustración del respetable, Marcelo Ebrard y Mario Delgado, hoy prominentes morenistas, fueron los promotores y constructores de la línea dorada; Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, hoy senador uno y la otra precandidata, a su paso por el gobierno de la Capital, fueron los responsables del mantenimiento. ¿Así o más claro? La señora Sheinbaum no quiere que el dictamen sea dado a conocer. Algo sabrá. El presidente López también. Falta que sea él también encubridor.
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