Por Félix Cortés Camarillo

Después de la pesadilla horrible de Uvalde,Texas, es comprensible, lógica y digna de mayor aplauso la exigencia cada vez más generalizada de que la interpretación de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos se adapte a las nuevas realidades. 

A finales del siglo XVIII, aún antes de que las colonias del norte de América se independizasen de la corona británica, ya existían las milicias que menciona como necesarias el texto que es parte de la Bill of Rights,  texto hoy polémico. Los habitantes de las trece colonias originales ya estaban divididos entre los loyalists y los patriots, los primeros partidarios de la sujeción al gobierno de Londres, y los segundos que buscaban la independencia. Los unos tenían motivos suficientes para temer ataques de los otros, así como incursiones de los indios algonquinos o de otras tribus que no habían quedado muy satisfechos con perder el señorío sobre su territorio, aunque los carapálidas los invitaran a comer en su casa guajolote asado, pan de elote y pudín de calabaza el día de Acción de Gracias.

Esa realidad no existe ni en los libros de texto. Pero en la ley persiste el derecho inalienable de los norteamericanos a poseer, y en algunos estados como precisamente Texas, portar armas de fuego. De las que sean.

Ese incuestionable derecho ciudadano se ha canalizado por tres vertientes distintas. La primera es el surgimiento de un mercado millonario para los fabricantes de armas, accesibles prácticamente sin control, de cualquier tipo, tamaño y calibre. 

La segunda es el surgimiento, con el patrocinio de esos mismos industriales de la muerte, de un brazo político de seducción y corrupción para que no surjan controles a su negocio. La National Rifle Asociation, fundada en 1871 presume de ser la más antigua organización defensora de los derechos individuales en América, y es brutalmente activa haciendo aportaciones millonarias a los legisladores que impiden el pase de leyes que restrinjan la facilidad de disparar en ese país. Se ha dicho hasta la saciedad que en la Unión Americana es más difícil obtener una licencia para conducir que comprar un fusil de asalto. Ser miembro de esa poderosa institución un año cuesta 45 dólares; por 75, dos años. Tres años cuestan 100 y por 150 hay membresía de 5 años.

La tercera vertiente es que esa laxitud ha salpicado a nuestro país. El contrabando cínico de armamento hacia México ha tenido como una de sus consecuencias más graves el que los integrantes del crimen organizado en nuestro país están mejor equipados en cuestión de armamento, y de otros recursos, que las fuerzas del orden.

Todo eso justifica la presión creciente de hacer más difícil adquirir armas allá y de que pasen menos de allá para acá.

Todo eso está muy bien, pero se nos olvida la otra pata de la mesa.

Las armas, solas, no matan. Ni en el país vecino ni en el nuestro. Tiene que haber un ser “humano” que jale del gatillo. Con mucha frecuencia nos enteramos que allá esos seres suelen ser desequilibrados mentales, enajenados por su consumo de drogas o simplemente locos en busca de venganza. En México, esos “humanos” son profesionales de la violencia, entrenados, pagados y decididos a matar. Un día sí y otro también.

Las armas no matan. Es papel del Estado procurar que los locos, drogadictos, enajenados de aquel lado de la frontera no tengan ese fácil acceso a las armas. Del lado mexicano la obligación del gobierno es segar ese tráfico de armas, perseguir enjuiciar y encarcelar a los criminales que nos están matando.

Por lo pronto, dice el gobierno de este lado que esos matarifes son seres humanos que merecen protección.

PILÓN PARA LA MAÑANERA (porque no me dejan entrar sin tapabocas): Que por favor el presidente López no se haga el ganso. Es totalmente falsa la afirmación de que no pretende desaparecer al INE. Claro, sólo le va a cambiar el nombre por el de una organizadora de encuestas a mano alzada, la hará depender del Ejecutivo y enviará a sus incondicionales como consejeros “autónomos”. Además de cortarle el presupuesto para tener más dinero para comprar votos.

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