Por José Francisco Villarreal
Hace algunos años hubo un caso policiaco terrible. Una mujer acusó a su exmarido de agredir sexualmente a dos hijos de ambos, si mal no recuerdo, un niño y una niña. No tardó en desatarse la indignación de la levantisca opinión pública, azuzada por el seguimiento de los medios. La mujer hasta presentó dictámenes médicos, ordenados por ella, para comprobar sus acusaciones. En esas circunstancias, muchos hubieran respaldado un linchamiento más contundente y sangrante que el de los medios contra el acusado. Eran delitos espantosos en sí mismos y agravados por la edad y consanguinidad de las víctimas.
El caso se judicializó en los medios durante unos días, con una sociedad enardecida haciendo de fiscal, jurado y juez. Pero lo peor fue que en la ansiedad por la nota, los medios no exhibieron a las presuntas víctimas, pero sí dieron indicios para identificarlas, aunque la sola exposición pública del padre ya era suficiente. Así siguió hasta que las investigaciones oficiales determinaron que los dictámenes médicos estaban falseados, que los niños nunca fueron agredidos por el padre, y que la madre creó esta intriga sólo para afectar al exmarido y, debo suponer, para asumir la tutela exclusiva de los hijos de ambos. No recuerdo si hubo consecuencias legales para la fementida. Tampoco recuerdo si los medios hicieron la justa aclaración para reivindicar el honor del padre y de los niños. Aunque para ese momento el daño ya era irreparable. ¿Qué hizo entonces la turbulenta “opinión pública”? Fácil: olvidó el caso y cambió de tema.
La lección no aprendida, ni por la sociedad ni por los medios, es que la denuncia pública de un delito debe tomarse con el mismo escepticismo de Tomás Dídimo sobre la resurrección de Jesús. Ni el medio más objetivo tiene todos los datos ni es competente para emitir un juicio, mucho menos un hijo de vecino que lee el periódico o ve el noticiero mientras se almuerza un chorizo con huevo. ¡Pero somos tercos y chismosos! Para muestra está el reciente y tan sonado caso del juicio por una demanda por difamación que promovió John Christopher Depp bis, contra su ex esposa Amber Laura Heard.
Contra la norma en México de enterarnos a medias y a trasmano de los detalles de un juicio, en el caso Depp Vs Heard, el juicio fue difundido ampliamente con detalles y deliberaciones, excepto, claro, las del jurado. El resultado, que supongo que Heard apelará, reconoce como cierta la difamación deliberada y maliciosa de la señora contra su ex y, además, reconoce que lo afectó. Por eso dictaminó dos pagos: uno por la difamación, y otro por el daño causado. Ambos pagos no llegan a los 50 millones de dólares que pretendía Depp. La señora Heard había contrademandado por 100 millones de dólares. Durante el juicio, creo que a alguno de los abogados de Depp se le fue la lengua, y el jurado decidió que Amber también fue difamada, así que tendrían que pagarle 2 millones, pero ni un céntimo por algún daño resultante de esa difamación.
Todo esto es un pleito entre particulares. No nos incumbe a menos que estemos ansiosos por ver al actor o a la actriz en pantalla, pero tuvo una característica muy especial: la difamación denunciada estaba estrechamente relacionada con violencia doméstica. Evidentemente, las partes debieron demostrar si la hubo, si no, o bajo qué circunstancias. Las evidencias acabaron por condenar a la señora Heard, y exhibirla como agresora e insidiosa. Es improbable que un montón de testigos y especialistas hayan cometido perjurio sólo por simpatía hacia Depp, o por dinero. El perjurio no es un delito tolerable en la justicia gringa, porque comprometería a todo su sistema judicial.
Por desgracia este caso no se ha visto con objetividad fuera de la corte y menos aún en los medios. Si antes se cebaron contra Depp al grado de causarle serios problemas como persona y como actor, esta vez también tomaron partido, generalmente contra Heard. De paso, se llevan entre las patas de los caballos a las víctimas reales de violencia doméstica, hombres y mujeres, que no estuvieron convidados al juicio. A pesar de nuestras simpatías y antipatías muy personales, no tenemos ni argumentos ni el criterio para rebatir el dictamen del jurado. Se trata de un caso único. El juicio dio suficientes argumentos para repudiar individualmente a la actriz, pero eso siempre será muy distinto a lo que merece, ni es extensivo a todas las mujeres. El jurado no ordenó el ostracismo sino un pago. Incluso, a Amber Heard no se le acusó por violencia doméstica. Si quedó en evidencia fue por la naturaleza de la misma demanda. A Depp se le había juzgado y condenado antes por algo similar, pero en ese juicio Amber Heard no fue acusadora sino testigo. Dado el curso del reciente juicio, ya podemos imaginar qué clase de testigo había sido.
Por otro lado, buscar defectos y vicios a Depp para favorecer a Heard tampoco abona a la justicia. No se trató de un enfrentamiento entre géneros sino de un pleito entre particulares. Que el señor Depp se embriague, se drogue y noquee gabinetes de cocina, no lo convierte en un agresor sino en un idiota. El juicio determinó prácticamente un complot contra Depp, no contra los hombres ni contra las mujeres. Que un juicio haya demostrado que una mujer fue agresiva y maligna contra quien fue su cónyuge, no extiende el dictamen a todas las mujeres. Y que se haya demostrado que un hombre fue agredido por su esposa, tampoco significa que todos los hombres sean unos mártires.
No debemos sucumbir a la tentación de usar un caso tan particular para reforzar la pugna entre géneros. No somos jueces, no somos jurados, mucho menos fiscales. La acción que más se reprueba a la señora Heard es la insidia; caeremos en lo mismo si la tomamos como bandera para condenar o exaltar otros casos. Usarla para atacar o defender al hombre o a la mujer, es una estupidez. Si no podemos abonar con nuestros propios argumentos a la equidad de género, mejor cerremos el pico. Insisto: no debemos usar este juicio para encender la hoguera de una guerra entre géneros. Ya de por sí la equidad de género es una asignatura secundaria a nivel federal, estatal, municipal, social y… familiar.
