Por Francisco Tijerina Elguezabal

‘El origen de todos los males es la codicia.’ // André Maurois

A raíz del artículo de hace unos días en el que critiqué la decisión del gobierno de Samuel García de obligar a los deudos de un difunto a que en pleno duelo deban acudir a realizar el burocrático trámite de inscribir el deceso al Pabellón Ciudadano, recibí varios correos y mensajes.

Comentaba anteriormente que la determinación del gobierno se debió a la voracidad de una agencia funeraria en particular que incrementó de manera desmedida el precio por este trámite que para cualquier ciudadano es de entre 900 y mil 500 pesos.

Debo decir que en Monterrey existen, de siempre, agencias funerarias que son un negocio, pero que entienden como parte de su misión el servir y ayudar a la gente; así podemos citar a los sucesores de don Raymundo Sánchez, a los de don Benito M. Flores, a los Funerales del Carmen o el Parque Funeral Guadalupe, por decir algunos.

Dentro de los mensajes que recibí hubo una verdadera historia de terror, un relato que me llenó de tristeza por la vileza y poca empatía de una empresa que llegó de la Ciudad de México (justamente la que provocó que cancelaran la opción de que las funerarias pudiesen realizar el trámite de inscripción de difuntos en el Registro Civil) y al mismo tiempo me encolerizó por la insensibilidad hacia quienes atraviesan por un momento difícil.

No es una historia urbana, es el testimonio de una familia que debió soportar el maltrato de las Capillas Marianas.

Hace siete años una familia contrató un par de servicios funerarios en previsión. Cuando ocuparon el primero no pudieron realizarlo ahí porque estaban en remodelación y los enviaron a Benito M. Flores en donde fueron bien atendidos, pero hace poco se requirió del segundo servicio y desde el momento en que pisaron las oficinas empezó el suplicio.

Todo era “No, no y no”. Dos mujeres en la administración se encargaron de convertir en un calvario todo el proceso. Primero no querían ni darle entrada al cuerpo de la persona porque no estaba presente la persona que firmó el contrato (les explicaron que venía viajando desde Colombia); había que liquidar todo antes de las 10:00 de la mañana o no hay servicio. Después se negaron a que la misa la oficiara otro sacerdote y la única opción era pagar 10 mil 500 pesos para aprobarlo; no aceptan flores de otro lugar que no sea las que ellos venden (un familiar trabaja en una florería); no permiten el acceso de alimentos para los deudos obligándote a comprar los que ellos venden y si pides o te llevan del exterior te obligan a salirte para comer afuera.

Cuando los familiares reclamaron los abusos diciendo que tenían un contrato firmado, las dos buitres carroñeras de la oficina simplemente dijeron que “las cosas habían cambiado hace dos meses”.

Los nietos de la persona fallecida tienen un coro y cantan en misas, pero no les permitieron cantar en la de su abuela y si querían coro había que contratar el de ellos.

Al final terminaron pagando, de un paquete “todo pagado”, 20 mil pesos adicionales para poder tener 48 flores y un servicio de café en el sepelio.

Habría que pedirle a la Profeco que actúe e impida los abusos de estos insensibles. Todo eso que te niegan jamás te lo dicen los vendedores que a diario te atosigan en el teléfono buscando venderte un servicio funeral de Gayosso.

¡Son unos buitres!