Luego de que la plataforma MILENIO-MULTIMEDIOS reveló que la Unidad Anticorrupción del gobierno de Nuevo León denunció la contratación irregular de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos realizado por Servicios de Salud estatal, diputados locales exigieron sanciones ejemplares para los responsables que lo avalaron; reportó MILENIO.
Entrevistado por separado en el Congreso local, Carlos de la Fuente, líder del PAN, dijo que la autoridad responsable debe formular correctamente la carpeta de investigación, a fin de evitar que haya fallas procesales y no se proceda en contra de ningún burócrata o ex funcionario.
«Todo el tipo de señalamientos que ha venido haciendo el gobierno actual sobre el anterior lo tiene que plasmar en denuncia y no nada más en un tema mediático, para que se le dé puntual seguimiento y no se quede un funcionario que haya hecho un mal uso del servicio público, esperemos que se hayan presentado las pruebas correspondientes. Creo que el objetivo debería de ser llegar a cada una de las situaciones de investigación para poder sancionar a cualquier funcionario que haya hecho mal uso de los recursos públicos», dijo el panista.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, dijo que su bancada ha llevado denuncias ante la Fiscalía General de la República por los pocos resultados que la Fiscalía Anticorrupción local ha presentado.
«Los hemos elevado en ese sentido (ante la FGR), sabemos que lamentablemente está sin ninguna acción, hemos elevado denuncias a ese tipo, sabemos que no podemos estar a expensas de que quiera o no actuar una autoridad, tenemos que solucionar este grave problema de la corrupción y debemos aplicar sanciones», refirió.
Anylú Hernández, coordinadora de la bancada 4T, planteó castigar con todo el peso de la Ley a los responsables y pidió que se les inhabilite a los particulares para prestar servicios.
«Lo vemos terrible, porque durante ese tiempo involucra los años de la pandemia de covid-19, en donde la salud se volvió un tema importante para nuestro estado, es lamentable porque los recursos públicos que debieron verse vertidos en los nuevoloneses se hayan ido en desfalco.
«Se tiene que castigar con todo el peso de la ley, quien se atrevió a hacer un desfalco es no tener corazón, pedimos que no haya errores en la carpeta, que no haya favoritismo y que se aplique todo el peso de la ley, que se investigue la empresa y se le inhabilite para prestar servicios», planteó Hernández.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, dichas anomalías generaron un quebranto a la hacienda pública que ascienden a los 32 millones de pesos.
Por tal motivo, se presentó la carpeta ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, encabezada por Javier Garza y Garza.
De la indagatoria realizada, a la cual la plataforma MILENIO-Multimedios tuvo acceso, señala que durante los años 2018 al 2021 se celebraron 15 contratos asignados de manera directa a la empresa Comercializadora Cangas, SA de CV, por un monto de 73 millones de pesos.
Por último, Jessica Martínez, de Morena, lamentó la situación y pidió transparentar el proceso para que la ciudadanía lo conozca.
«La primera vez que supimos de este tipo de conflictos como, por ejemplo, con el ISSSTE, no me dieron información porque no era la afectada, aquí tendría que ser el Estado que ponga la denuncia bien y que además transparente la información y los avances, sé que por la investigación haya muchas cosas ocultas, pero tampoco deben guardar silencio y que no haya hermetismo», concluyó.
Imagen portada: Leonel Rocha | MILENIO
