Funcionarios del gobierno federal indicaron que Cabeza de Vaca salió de México el pasado 28 de septiembre con destino a Estados Unidos y no se tuvo conocimiento de su regreso al país.
Un juez federal libró una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, motivo por el cual se solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM) para emitir una alerta migratoria; reportó MILENIO.
El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, emitió alerta migratoria a nombre del ex gobernador de Tamaulipas.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la intervención del INM para la implementación de dicha medida, toda vez que el ex gobernador cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en hechos delictivos de delincuencia organizada.
Funcionarios del gobierno federal indicaron que Cabeza de Vaca salió de México el pasado 28 de septiembre con destino a Estados Unidos y no se tuvo conocimiento de su regreso al país; informó MILENIO.
Asimismo, la FGR inició los trámites correspondientes para solicitar a la Organización de Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés), la emisión de una ficha roja para que el ex servidor público pueda ser localizado en otro país, en caso de haber abandonado México.
Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada a través de los puntos de tránsito internacional.
El ex gobernador dejó su cargo hace cinco días y previamente anunció mediante sus redes sociales que se alejaría de la vida pública al finalizar su mandato.
@INAMI_mx emite #AlertaMigratoria a nombre de Francisco Javier "N", a solicitud de @FGRMexico. Se verificará, registrará e informará a las autoridades respectivas los movimientos de ingreso-salida de territorio nacional🔗https://t.co/1Zixhk6Phm pic.twitter.com/nAq2mfawaM
— INM (@INAMI_mx) October 5, 2022
En junio de 2021, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el penal del Altiplano, Estado de México, reveló que había girado una orden de captura contra Cabeza de Vaca.
En el oficio 215/2021-ZH, enviado a Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito con residencia en Tamaulipas, Zeferín Hernández indicó que la FGR pidió la orden de captura contra el político tamaulipeco el 1 de mayo de 2021.
No obstante, el día 18 del mismo mes le negó el mandamiento judicial contra el delito de defraudación fiscal equiparada.
En esa ocasión, la orden de captura fue solicitada por Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Posteriormente, la FGR solicitó la captura del entonces gobernador por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, el 17 de agosto de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la orden de aprehensión, porque determinó que el mandatario contaba con fuero constitucional y que el Congreso local actuó conforme a sus atribuciones porque no estaba obligado a homologar la decisión de la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, la cual acordó retirarle la inmunidad; comunicó MILENIO.
El fallo sentó un precedente que será aplicado en casos futuros, porque se estableció que las decisiones de la Cámara de Diputados cuando se erige en jurado de procedencia para desaforar a un gobernador no son vinculantes para los congresos locales.
Por esta razón, los ministros dejaron claro que el simple pronunciamiento de la Cámara de Diputados para retirar la inmunidad al mandatario estatal no es suficiente.
El 30 de abril de 2021, la Cámara de Diputados avaló el desafuero del gobernador sólo para que pudiera ser procesado por el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos. La Sección Instructora determinó que los presuntos de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no estaban acreditados.
No obstante, la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos delincuencia organizada y lavado de dinero.
El ex gobernador dejó su cargo hace dos días y previamente anunció mediante sus redes sociales que se alejaría de la vida pública al finalizar su mandato.
