Por José Jaime Ruiz

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«Sean públicos los juicios y públicas las pruebas del delito, para que la opinión, que acaso es el solo cimiento de la sociedad, imponga un freno a la fuerza y a las pasiones, para que el pueblo diga: ‘Nosotros no somos esclavos, sino defendidos’”. Más acá de las aulas, y ni siquiera sé si en las aulas derechas o chuecas del derecho, se recuerda poco a César Bonesana, marqués de Beccaria, ese milanés que desde un opúsculo de 1764, De los delitos y las penas, marcó para siempre el derecho penal.

“Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, “presunción de inocencia”, frases perversas que, desde la politización, ni procuran ni administran justicia. La judicialización de la política y la politización de la justicia se hermanan para castigar mediáticamente porque lo de ahora no es la penalidad carcelaria, sino la pena de aparecer en los medios. ¿Quién impone un ‘freno a la fuerza y a las pasiones’”? El pueblo regio no es de defendidos, es de esclavos de los intereses y las pasiones de nuestros políticos.

Comendador de caballería contra el PRIAN, a Félix Arratia le impusieron la costosa tarea de señalar a empresarios y políticos opositores a la reciente gubernatura de Samuel García. La politización del sistema tributario se convirtió en persecución. Desde hace meses, los panistas como Zeferino Salgado y Carlos de la Fuente denunciaron el acoso al que ellos o familiares eran sujetos por la SAT estatal, la Subsecretaría que administra la tributación. Los juicios de amparo que evitarían que el Congreso adelantara las reformas para despojar al gobernador del control de la Unidad de Inteligencia Financiera fueron presuntamente promovidos por el despacho donde Félix Arratia es socio (Coel Abogados), denunció el PAN.

La encomienda contra los opositores al gobierno de Samuel García escaló no solo contra los partidos y sus líderes, también el conflicto se dio en contra de las finanzas municipales. Eso lo evidenció el dirigente panista Hernán Salinas: “Esto es parte del terrorismo fiscal, del terrorismo hacendario que ha venido haciendo el gobierno del estado contra los municipios de Acción Nacional, esto ya raya en lo inconcebible… Nos preocupa el uso faccioso y político de la SAT local…”.

La encomienda de Arratia se extendió a los municipios priistas, incluso al morenista de Escobedo, sin causa legal aparente, ya que ese municipio carecía de adeudos. La respuesta ante el acoso, desde el Congreso dominado por el PRIAN fue despojar al gobierno del estado de la SAT.

Calcinante temperatura donde Arratia pasó, de manera expedita (lo cual no sucede con los simples mortales-ciudadanos) de persecutor a perseguido. Tratado como un reo, como un criminal a priori, uno de los más importantes funcionarios dejó su cargo. Félix puede tener su futuro confiscado, el gobernador, sin duda, quería a su cerebrito no como subsecretario, sino como secretario y tesorero general de las finanzas del gobierno, como sustituto de Carlos Garza Ibarra.

Ni procuración ni administración ni transparencia en la justicia en Nuevo León, al contrario, revanchismo. Se quiera ver o no, Félix no solo es una víctima judicial del enfrentamiento entre el PRIAN y el Ejecutivo, es, ante todo, una víctima política. Arratia ya no está en la SAT y ahora ha sido imputado por los delitos de amenazas y abuso de autoridad. Siendo carnicerías, la Ramos y la San Juan son más higiénicas que la justicia en Nuevo León; sí, existiendo tantos ciudadanos condenados de facto y sin condena formal. Vuelvo a Beccaria: “¿Cuál es el fin político de las penas? El terror de los otros hombres”.