El Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda consumó el veto número nueve y diez a leyes aprobadas al Congreso Local.
El mandatario estatal se inconformó con la Ley de Victimas y con la Ley de Seguridad en favor de crear un fondo de apoyo a los familiares de policías muertos en el cumplimiento de su labor, por lo que regreso los expedientes a los legisladores con las observaciones correspondientes.
Al ser presentados en asuntos en cartera, el Presidente de la Mesa Directiva remitió ambos expedientes en carácter de urgentes.
Por tal motivo, las dos reformas fueron enviadas a la Comisión de Seguridad y Justicia presidida por el diputado priista Javier Caballero.
«Oficio signado por Samuel García, Gobernador del Estado mediante el cual remite las observaciones al Decreto 269 que contienen las reformas a la Ley de Seguridad Pública para el Estado».
«Oficio signado por Samuel García, Gobernador del Estado, mediante el cual remite las observaciones al Decreto 270 que contienen las reformas a la Ley de Víctimas del Estado».
Mientras que en el Palacio de Gobierno no dejaron que diputados entregaran el veto a la Ley de Coordinación hacendaria recién aprobados por los legisladores porque según no había gente porque ya estaban trabajando desde casa.
En el Congreso personal de la administración estatal llego a la Oficialía de Partes y entrego los dos vetos.
De acuerdo con las observaciones emitidas por el ejecutivo estatal en ambas reformas las propuestas representan un gasto y dentro de los discursos no se contempla o se explica de dónde se obtendrá el recurso.
«De la lectura del Decreto 269 se advierte que la reforma implica un incremento presupuestal al establecer la obligación para el Ejecutivo del Estado de crear un fondo económico de apoyo para los beneficiarios de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado que fallezcan en el cumplimiento de su deberías! como a los que sufran una incapacidad total permanente, como lo señala el artículo 198 Bis 13 que pretende reformarse mediante el citado Decreto 269».
En el caso de las reformas a la Ley de Víctimas, García Sepúlveda asevera que se aprobaron las modificaciones sin hacer una evaluación del impacto que tendría en el presupuestal.
«De la lectura del Decreto 270 se advierte que la reforma implica un incremento presupuestal al establecer la obligación para el Ejecutivo del Estado de realizar ampliaciones presupuestarias de forma gradual, para homologar las percepciones salariales de los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con las de los defensores públicos, así como la creación de nuevas plazas para dichos asesores, en un plazo no mayor de tres años a partir de que entre en vigor el citado Decreto 270, tal y como se prevé en los artículos 120 Bis y Segundo Transitorio de dicho Decreto».
Ambos vetos llegaron este lunes, mientras que el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda se encuentra en Europa de gira de trabajo.
