El gobernador Samuel García consumó dos vetos, esta vez para que la revocación de mandato no aplique en su sexenio, mientras que otro tiene que ver con que pida un permiso al Congreso local para asignar los recursos que se obtengan adicionales, sin embargo, éste no será analizado por los diputados por una negociación política; informó MILENIO.
Tras cerrar el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, el diputado local del PAN, Félix Rocha, leyó los dos vetos, uno de ellos al Decreto 268 que contiene la iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, por lo que se fue a la Comisión de Legislación.
La reforma, que fue planteada por legisladores locales del PAN, modifica los transitorios de una reforma constitucional aprobada el 17 de diciembre pasado, con el fin de establecer que la figura de revocación de mandato tendrá vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.
Es decir, que el gobernador rechaza someterse en el 2025, al proceso de revocación de mandato.
El segundo veto es al decreto Núm. 283 que contiene la iniciativa de reforma a la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León.
Sin embargo, Carlos de la Fuente, líder del PAN, dijo que el veto relacionado es para asignar los recursos que se obtengan adicionales del presupuesto, pero no lo dictaminarán, pues llegaron a un acuerdo presupuestal, por lo que dejarán el tema fuera de momento.
La semana pasada, por unanimidad de votos, y tras destrabar el pleito político, el Pleno del Congreso local aprobó ayer en ocho minutos, la Ley de Ingresos 2023 del gobernador Samuel García, que contempla deuda de 4 mil 680 millones de pesos.
Imagen portada: Jorge López | MILENIO
