Porque aún no terminan de llegar los ya adquiridos, integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad acordaron posponer el lanzamiento de la convocatoria de arrendamiento de hasta 600 camiones más.
En la primera sesión del organismo, celebrada de manera virtual, indicaron que hasta el momento no existen los candados que obliguen a los fabricantes a cumplir con los tiempos de entrega.
Además de que tampoco hay suficientes estaciones para recargar las unidades a gas natural.
Al hacer uso de la palabra, representantes del Consejo Cívico, Caintra y la diputada Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Transporte del Congreso Local, se pronunciaron por esperar un tiempo más.
«La preocupación que tenemos es que, como ya es por todos conocido, los últimos dos arrendamientos han quedado mal en sus entregas», expuso De la Garza.
«Consideramos muy riesgoso que se adjudique un nuevo contrato cuando los otros dos han sido incumplidos en reiteradas ocasiones, esa es una de las preocupaciones que tenemos los diputados».
«Y no tenemos información de lo que han resultado los otros dos contratos en cuánto a garantías, si el arrendamiento funcionó, si las unidades también funcionaron para esta Ciudad, donde unidades ya fueron sacadas porque se vieron afectadas; entonces, no tenemos esa información como para que hoy podamos establecer una votación a favor o en contra», puntualizó.
Ante ello, José Manuel Valdez, director del IMA, pidió aplazar la votación, sin establecer una nueva fecha.
«Lo dejamos pendiente para su votación para otra reunión específicamente para este caso», manifestó.
Aclaró también que las fallas en las unidades fueron resueltas y no se volvieron a presentar.
Tan es así que incluso 100 del segundo contrato operan para dar servicio a alumnos de la UANL, en tanto se reanuda el tramo elevado de la Línea 2 del Metro.
Al respecto, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Estratégica, reconoció el retraso en la llegada de las unidades adquiridas el año anterior.
No obstante, advirtió que en próximos meses saldrán de circulación alrededor de mil 100 unidades por antigüedad, cuya salida ya había sido prorrogada por dos años.
Aunado a ello, actualmente se tiene un déficit de más de 2 mil 500 camiones.
«¿Vamos a tener que dar otra prórroga de otros años para tener chatarra circulando?», cuestionó.
Una vez que sea autorizado, se lanzará una convocatoria pública internacional a efecto de obtener las mejores ofertas de unidades.
Se buscan camiones de 12 metros, con capacidad para 100 pasajeros, similares a los que ya operan en las nuevas líneas de TransMetro
Suma retraso en camiones multas por 4 millones
El retraso de hasta seis meses en la llegada de los camiones a gas natural suma multas por alrededor de cuatro millones de pesos.
José Manuel Valdez, director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, informó durante la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del IMA, que día con día se actualizan las penalizaciones a las empresas TICSA y LDR Solutions.
Hasta este lunes eran de 3 millones 942 mil 560 pesos.
A inicios de la administración, se aprobó el arrendamiento de 800 camiones a gas natural a la empresa TICA, la cual se comprometió a entregarlos entre marzo y septiembre, sin que se cumpliera con los plazos.
Posteriormente, se adquirieron 400 unidades a LDR Solutions.
Al momento, faltan por llegar 958.
Cuestionan diputados acciones
Diputados del Congreso Local cuestionaron el arrendamiento de 600 unidades del transporte que quiere implementar el Instituto de Movilidad.
Mientras que la bancada del PAN aseguró que esto ya parece un «negocio financiero» en donde se ponen multas mínimas por incumplir plazos, la del PRI advirtió que por nada del mundo otorgarán un cheque en blanco al Ejecutivo Estatal, sin que antes expliquen qué pasa con los otros dos arrendamientos que ya tienen autorizados.
«No se mandó la información completa a todos y cada uno de los miembros de la Junta y pues había quienes no estaban de acuerdo con las formas, porque primero, de los 800 que se pidieron en marzo del año pasado, han llegado menos de 150, y de los 400 que se pidieron en julio, han llegado 100 y ahora quieren pedir 600 más».
«La verdad que esto lo están haciendo como un negocio financiero, porque les pagan, les dan anticipos, les ponen multas ridículas en caso de no cumplimiento y, al final, no vemos que se mejore el servicio a los usuarios del transporte», señalaron.
